Panamá Oeste posee algunas de las playas más visitadas por los residentes de la capital, pero esta popularidad contrasta con una fragilidad ambiental y administrativa que las sitúa como las más vulnerables del país. Desde los destinos turísticos de Chame y San Carlos, hasta las playas urbanas y recreativas de Vista Alegre y Veracruz, en el distrito de Arraiján, estas áreas se han consolidado como las principales vitrinas del turismo costero de la zona. No obstante, detrás de la imagen de sol y mar se esconde una realidad alarmante, caracterizada por constantes denuncias, que van desde espacios invadidos hasta el cobro irregular por el acceso a sus entornos. Asimismo, se reporta la existencia de fondos supuestamente destinados a labores de limpieza y transferencias a cuentas personales, lo que ha generado dudas sobre su verdadera legalidad. Esta situación ha derivado en una creciente controversia debido al escaso control y la falta de planificación de los gobiernos locales. En consecuencia, el desorden administrativo ha situado al área en un punto crítico, donde la vulnerabilidad social y la pérdida de gobernanza territorial son cada vez más evidentes.
La ausencia de instrumentos de planificación costera ha propiciado una expansión urbana y turística desordenada que prioriza la construcción sobre la sostenibilidad. Esta falta de regulación ignora la zonificación del suelo y la protección ambiental, sobrepasando la capacidad de la infraestructura existente en servicios básicos como agua potable, saneamiento y gestión de residuos. El resultado es una zona saturada y vulnerable.
Desde el punto de vista del ordenamiento territorial, las playas no pueden seguir siendo consideradas un simple espacio abierto, sino zonas altamente sensibles y ecosistemas estratégicos. La ocupación incontrolada de estas áreas acelera la erosión costera, reduce la resiliencia frente al cambio climático y amenaza el turismo que, irónicamente, se busca promover.
Uno de los conflictos más visibles y socialmente sensibles es el acceso público a las playas: la falta de accesos, estacionamientos, senderos y servicios básicos adecuados ha hecho que el disfrute costero se convierta en un privilegio limitado. Esto genera tensiones entre las comunidades locales, los turistas y los promotores privados, debilitando gravemente la gestión costera. A este escenario se suma un problema silencioso pero devastador: la acumulación de residuos sólidos.
Durante la temporada alta, las playas de Panamá Oeste reciben miles de visitantes sin contar con un sistema de gestión de residuos acorde con esta presión. La basura pasa a formar parte del paisaje, degradando los ecosistemas marinos y dañando la imagen del destino. Esta situación revela una profunda desconexión entre la planificación turística y la territorial, una brecha estructural que aún no ha sido abordada.
Ante este panorama, el ordenamiento territorial no es solo una opción, sino una necesidad urgente. La reorientación del desarrollo requiere una separación clara entre zonas turísticas, áreas de protección ambiental y corredores de acceso público. Es imperativo determinar límites de densidad y tipologías de edificación según la capacidad del territorio, admitiendo que no todo el espacio costero puede o debe ser urbanizado. El orden no detiene la inversión; al contrario, evita que el desarrollo se destruya a sí mismo.
Asimismo, es fundamental fortalecer la coordinación interinstitucional. Mientras los municipios, las autoridades ambientales y los actores de la industria turística sigan operando de manera fragmentada, la gestión continuará siendo reactiva e ineficaz. Las áreas costeras necesitan una visión holística, apoyada en normativa efectiva, monitoreo frecuente, educación ambiental y una participación ciudadana activa. El futuro del turismo en el occidente de Panamá se está decidiendo ahora: sin planificación, la actividad será fuente de degradación y conflicto; con ella, es posible un modelo responsable y sostenible. La pregunta ya no es si es necesario reparar la costa, sino cuánto más podrá resistir antes de que el daño sea irreversible.
El autor es estudiante de la Maestría en Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Panamá.
