Como continuidad de nuestra entrega anterior, ‘El dilema estratégico de Panamá: entre la emergencia fiscal y la seguridad jurídica’, la encrucijada institucional del país se torna aún más compleja. El debate sobre el futuro de los recursos estratégicos de la nación no puede seguir prisionero de la urgencia fiscal del momento. Ante el inminente “efecto bumerán” financiero de una reapertura selectiva, el verdadero pragmatismo nos exige hoy trazar una hoja de ruta institucional profunda y en estricto beneficio nacional.
Para avanzar con lucidez y evitar tropezar con la misma piedra, el país debe advertir el doble filo de la OCDE, bloque hacia cuya adhesión Panamá ya camina. El peligro radica en que el Ejecutivo promueve este proceso con una visión puramente cosmética: aliviar la presión fiscal, mejorar las primas de riesgo y facilitar el financiamiento nacional, omitiendo hábilmente su verdadero beneficio de protección institucional: un Punto Nacional de Contacto (PNC) de la propia organización a nivel local. Sin este filtro regulatorio obligatorio frente a las multinacionales, pretender desarrollar los puertos de la ACP, el gasoducto o la licitación de Balboa y Cristóbal constituye una fragilidad indefendible. Sin un blindaje real, y no meramente financiero, repetiremos el desastre de la minería, expuestos a litigios extranjeros por supuesta “arbitrariedad política”.
Por un lado, el proyecto de Río Indio es una prioridad absoluta e impostergable. No solo garantiza la operatividad de nuestra ruta interoceánica ante restricciones climáticas, sino que su aporte mitigará de raíz el grave déficit de agua potable en las principales urbes que hoy se abastecen del lago Gatún. No es un asunto únicamente comercial; es la seguridad hídrica de casi dos millones de personas que dependen diariamente de este recurso vital. Complicar este megaproyecto, que ya avanza en medio de tensiones políticas accesorias, es un desacierto alarmante.
Por el contrario, revivir la minería metálica a cielo abierto implica forzar la reactivación de una actividad hoy impedida por la combinación de una sentencia de inconstitucionalidad y una prohibición legal expresa. No se puede equiparar la urgencia del agua con el rescate de una operación privada. Tras estudiar la auditoría de SGS, la comisión ministerial presentó un informe cuya narrativa resalta un 88% de cumplimiento frente a un 12% de falencias, estructurado para introducir sutilmente un “visto bueno” que justifique la continuidad. Pero, en fiscalización de alto riesgo, ese 12% representa el peligro latente del drenaje ácido de roca, rezagos en reforestación y fallas en tinas de relaves; es decir, pasivos ambientales reales no subsanados.
Gobernar con la debida madurez institucional requiere un orden lógico. Intentar imponer la reapertura minera utilizando este sutil maquillaje estadístico podría detonar un estallido social de alta intensidad que complicaría tanto la gestión de la cuenca de Río Indio como la propia actividad minera, sepultando la confianza internacional del país.
Resolver el limbo de la más de una docena de concesiones detenidas no admite selectividad, pues ello violaría la igualdad ante la ley y provocaría demandas millonarias por expropiación indirecta. La salida legal es “canalizar” el sector: derogar el anacrónico y desfasado Código Minero de 1963 y fundar una Autoridad Autónoma de Recursos Soberanos, con un modelo independiente inspirado de manera directa en la estructura organizativa de la ACP, pero totalmente separado de esta para salvaguardar su foco interoceánico.
Si Panamá decide definir este limbo minero, toda propuesta del Ejecutivo debe pasar por el Legislativo y ser convalidada mediante un referéndum nacional. Como ocurrió con la ampliación del Canal, una decisión de este calado exige una consulta en las urnas. Solo el voto soberano puede legitimar un esquema transparente, con exigencias ambientales de ultraalto nivel y regalías que fortalezcan el empleo formal robusto, las finanzas estatales y el desarrollo humano estructural, jugando en la misma liga de aportes que nos entrega el Canal.
Cualquier decisión tomada en la penumbra exacerbará el descontento popular y dinamitará el activo más valioso que posee la República: su seguridad jurídica.
El autor es industrial.
