Decidí escribir este artículo porque el 5 de mayo, día de las elecciones, una persona con una trayectoria respetada en Panamá salió en prensa nacional diciendo que estábamos haciendo “demasiado drama” de la equidad de género. Quedé tan sorprendida que me tocó recordar que estábamos en el año 2019 y no en 1945, cuando nuestras sufragistas panameñas luchaban por el voto de la mujer y eran criticadas y señaladas por miedo a afectar el “orden social”.
De 1945 hasta hoy, Panamá ha avanzado en materia de reconocimiento de derechos de la mujer y de la no discriminación. Hemos adoptado y ratificado convenciones internacionales como la Declaración de Pekín y la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw). Más recientemente, Panamá aprobó la Estrategia de Montevideo para alcanzar la igualdad de género en la región a 2030.
En cuando a instrumentos nacionales, contamos con un marco legal básico. Por un lado, la Constitución que garantiza la no discriminación por sexo, a pesar de no tener un artículo que garantice explícitamente la igualdad entre hombres y mujeres. Y por el otro, la Ley 4 del 29 de enero de 1999, que garantiza la igualdad de oportunidades, la cual merece una revisión profunda de acuerdo a observadores internacionales
A pesar de estos avances, la brecha entre estos marcos legales y su aplicación es todavía significativa.
Sin embargo, no podemos seguir viendo el tema de género únicamente desde una perspectiva mera de derechos. Estudios han demostrado que la paridad en el ámbito laboral aportaría enormemente al crecimiento económico. En los últimos años, este país ha sufrido una desaceleración económica, que no solo se debe a circunstancias nacionales, sino a ciclos económicos globales. Una de las estrategias para reactivar la economía debe considerar las barreras estructurales que enfrentan las mujeres al momento de entrar y de permanecer en el ámbito laboral.
De igual manera, está demostrado que mujeres en puestos de elección popular y de toma de decisión en el sector público favorecen políticas para el desarrollo social y mejora en la prestación de servicios. En Panamá, donde tenemos un importante rezago en sectores como educación y salud, y en donde a pesar del crecimiento económico, sufrimos grandes desigualdades y pobreza, nos beneficiaríamos de contar con mujeres en todos los niveles de gobierno, y en particular de un Gabinete paritario.
Quiero terminar con una reflexión corta, ya que Panamá acaba de concluir un proceso electoral. Algunas personas se espantan cuando nos escuchan hablar de cuotas, tildándonos de feministas o radicales. Sin embargo, las cuotas no son nada nuevo. Hace poco más de 70 años teníamos cuotas y eran del 100% en beneficio de los hombres. Las cuotas que garanticen la paridad son necesarias y han fortalecido nuestros sistemas electorales. Sin embargo, hay que ir más allá de las cuotas y establecer mecanismos que aborden tanto barreras formales como informales.
Solo exijo mi derecho a la representación y a la igualdad de oportunidades con el fin de tener un país más próspero, a pesar de que algunos crean que es “demasiado drama”.
La autora es estudiante de maestría en políticas públicas, Johns Hopkins University