Son las 4:00 de la mañana. La señora Ana sale de su casa en el corregimiento de San Martín, en Panamá Este, rumbo al Ministerio de Comercio. Va en busca de información sobre un permiso de extracción de arena: en su comunidad una empresa la está sacando de sus cerros, aunque está prohibido por ley: es área protegida.
Al llegar recibe una respuesta desconcertante: la concesión cuenta con todos los permisos y, según la institución, ha sido avalada mediante participación local. Ana advierte que se trata de una reserva hidrológica y la norma suspendió este tipo de proyectos. La funcionaria es breve y reiterativa: no sabe de eso, las consultas ya fueron realizadas, la concesión no puede ser revertida.
En las narrativas oficiales se sostiene que la participación es la base de la democracia. La frase parece obvia: si la democracia es el gobierno del pueblo, entonces el pueblo debe participar. Sin embargo, ¿dónde y cómo participa realmente?
En otro punto del país, un grupo de campesinos de Río Indio acude a la Oficina Operativa de Adjudicación en busca de sus títulos de propiedad. Ellos se involucraron en todo el proceso de titulación impulsado por la Autoridad del Canal de Panamá y la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
La respuesta que reciben es desalentadora: sus registros no aparecen en la base de datos.
Ambas realidades están distantes geográficamente, pero conectadas por lo mismo: un modelo de participación que se presenta como inclusivo, pero falla en algo básico: escuchar, incorporar y coordinar entre instituciones.
En un caso, se otorga un permiso ignorando una ley ambiental y se menciona una consulta ciudadana que, según el Centro de Incidencia Ambiental, nunca se realizó —y la justicia le dio la razón—. En el otro, se promete seguridad jurídica, pero los registros desaparecen en la burocracia.
Tanto los ciudadanos de Río Pacora como los campesinos de Río Indio pusieron trabajo, esfuerzos y recursos para implicarse en las soluciones para sus comunidades.
Unos impulsaron espacios de formación para que las instituciones comprendan la ley que protege su cuenca; otros organizaron asambleas comunitarias. Viajes, llamados, reuniones. ¿De qué sirvió?
La participación suena linda como proclama, pero falla en la práctica. No solo expone a los ciudadanos a la indiferencia institucional: los estanca. Pueden pasar años sin acceso a agua potable, salud o seguridad sobre su tierra, aun después de trámites y reclamos. Terminan haciendo el trabajo del Estado: explicar la ley, insistir para ser escuchados y empujar procesos que las instituciones deberían garantizar.
Desde la experiencia del trabajo comunitario, la participación solo funciona cuando hay escucha, comprensión de los tiempos locales y respuestas sostenidas.
La democracia no se juega solo en oficinas. Se juega en la vida cotidiana: en vecinos que se organizan por el agua, en comunidades que defienden sus ríos. Cuando los acuerdos generados por esos procesos no se sostienen, la desconfianza crece. Una distancia que no es solo política; es también social y cultural.
En ese contexto, propuestas que buscan limitar la protesta social o regular la manifestación pública son percibidas como intentos de silenciar el descontento. La paradoja es evidente: no son escuchados, no pueden peticionar y mucho menos protestar. Aunque los escándalos más graves nunca provengan de sus territorios, hay quienes catalogan de “vándalos” a quienes marchan.
El desafío para que la democracia subsista es reconstruir el vínculo entre el Estado y las comunidades. La participación no se decreta: se construye con presencia, escucha y decisiones sostenidas.
La democracia desde la base no es un ideal romántico. Es una necesidad práctica en un país donde amplios sectores no tienen voz y la frustración se acumula. Panamá, con toda su riqueza y diversidad, tiene una oportunidad histórica: demostrar que el desarrollo va de la mano de su gente.
Eso exige algo fundamental: escuchar.
Como dicen en Río Indio: “Millones para qué, si el pueblo no los ve”.
No los ve Ana, cuando se permiten actividades que afectan los acueductos. No los ven las comunidades campesinas, cuando los planes ignoran su forma de vida.
Cuando la participación no nace desde abajo —desde necesidades concretas y organización comunitaria—, la democracia deja de ser promesa y se vuelve frustración.
Y en esa frustración aparece otra posibilidad: construir un país donde las decisiones no se anuncian desde arriba, sino que se toman con la gente.
El autor es animador comunitario. Produjo esta columna en el Programa de Escritura “Pensar Panamá / Narrar la Democracia”, de Concolón y la Embajada del Reino Unido en Panamá.
