El 18 de octubre se evidenció una vez más el retroceso democrático que vive nuestro país a manos del partido oficialista. La comisión de comercio, presidida por un diputado del oficialismo, aprobó en primer debate el nuevo contrato-ley entre el Estado y Minera Panamá, en medio de una jornada irresponsable, poco ética y cerrada al público.
Aún faltando dos debates para la aprobación final del contrato, abundan motivos para que la ciudadanía esté alerta e informada sobre lo que está pasando con el contrato, para así votar a conciencia en las próximas elecciones y evitar que los actuales gobernantes, quienes hoy parecen desatender el interés público, vuelvan a alcanzar el poder.
En primer lugar, la premura con la que el partido oficialista introdujo y sancionó la nueva ley que modifica el Código Electoral sugiere que también intentarán aprobar el nuevo contrato antes de que la Asamblea entre en receso a fin de mes.
El nuevo contrato, considerado por muchos expertos legales y ambientalistas como peor que el anterior, representa una de las concesiones más importantes en los últimos cien años de nuestro país. Somete a Panamá a condiciones económicas y ambientales desfavorables durante un período de 20 años, prorrogables casi automáticamente por 20 años adicionales. Aún más preocupante es que después de esos 40 años, la concesión podría extenderse “en los plazos, términos y condiciones que acuerden” el Estado y la Minera “sin necesidad de obtener aprobación legislativa”.
Dado su impacto a largo plazo en el futuro de la nación, este contrato requiere un escrutinio minucioso, un debate amplio y un consenso con diversos sectores de la sociedad para proteger los intereses de la nación de manera efectiva.
El debate de ayer fue problemático y poco transparente desde el principio hasta el final. A pesar de que la convocatoria estaba programada para las once de la mañana, no comenzó hasta las dos y quince de la tarde, después de anunciar previamente la cancelación de la sesión. ¿La razón detrás de la tardanza y el cambio de planes? No había quórum, ya que tan solo dos miembros de la comisión estuvieron presentes y puntuales, mientras que el resto participaba en una reunión secreta en Presidencia, donde supuestamente se discutía la aprobación del contrato-ley.
Además, se impidió el acceso a la Asamblea a la sociedad civil. Se les comunicó que “el debate era cerrado”, a pesar de que la ley prohíbe que la comisión trabaje a puertas cerradas. A los pocos que lograron ingresar tras insistir, se les negó la oportunidad de expresar sus opiniones, a pesar de que en un primer debate, se debe permitir la participación del público. Uno de los miembros oficialistas de la comisión alegó que el nuevo contrato es “exactamente basado en el proyecto” que ya habían consultado, y por eso la sociedad civil no tenía por qué volver a dar sus opiniones.
Esta afirmación es falsa y contradictoria con los mismos argumentos de esos diputados. El nuevo contrato de ley posee un número distinto al del contrato anterior, representando un proyecto diferente. Toda discusión de un proyecto de ley en primer debate debe contar con participación ciudadana.
Cuando le conviene, el oficialismo alega que no hicieron muchos cambios y que es el mismo contrato. Pero también dicen que respondieron a la ciudadanía y modificaron el contrato. Pero, si hubo modificaciones, ¿por qué no discutirlas?
Hablando de modificaciones, fueron completamente insuficientes e ineficientes. Por ejemplo, una de las que el Ejecutivo defiende es la eliminación “oro, plata y molibdeno”, términos que generaron controversia en el contrato anterior por varias razones. En primer lugar, prometer una concesión adicional a través de un contrato implicaba que estas concesiones también se otorgarían sin seguir el proceso de licitación público requerido por la Ley de Contrataciones Públicas y el Acuerdo de Escazú. Además, la explotación de oro, plata y molibdeno, al igual que la del cobre, conlleva tanto un alto valor como un impacto considerable en términos de contaminación, y el contrato no contemplaba medidas adicionales para mitigar estos efectos o maximizar su aprovechamiento.
La respuesta del Ejecutivo consistió en afirmar que habían eliminado “oro, plata y molibdeno” del nuevo contrato, cuando en realidad reemplazaron estos términos por “cobre y sus minerales asociados”. Ésta y las otras llamadas “modificaciones” dejan en claro que la democracia y la transparencia no son prioridades del gobierno actual, y que el mismo no considera seriamente las inquietudes de la ciudadanía respecto al contrato, y que en su lugar, intentan maquillar la situación para dar la impresión de que se están realizando cambios significativos.
Sin entrar en más detalles sobre las desfavorables condiciones económicas, el significativo impacto ambiental y la transgresión a la soberanía nacional que implica la aprobación de este contrato, aspectos sobre los cuales expertos en estas áreas, como Raisa Banfield y Felipe Argote, han expresado con gran autoridad; es crucial destacar la discriminación y la falta de transparencia que caracterizaron el debate del día de ayer. Incluso, uno de los diputados oficialistas se dirigió de manera descortés a uno de los pocos miembros de la sociedad civil que había logrado entrar a la Asamblea, insinuando que no era bienvenido. Lo de ayer, verdaderamente, democracia en retroceso.
La autora es periodista y analista política.
