Las nuevas eras democráticas deben traer transformaciones políticas que sustenten su entrada en vigor, elementos determinantes y justificables como el fortalecimiento de instituciones antes subordinadas al poder hegemónico de las dictaduras salientes. Las recetas ideológicas poco o nada contribuyen a ese anhelado “cambio”.
Recuerdo que, en una marcha convocada por la Universidad de Panamá, el gran dirigente gremialista Celedonio Bermúdez, pasando por la Cuchilla de Calidonia, me miró y me preguntó: «¿Sabes cuántas veces he escuchado la palabra “cambio” en Panamá?». Me dejó perplejo.
Lo cierto es que, cuando las instituciones estaban en manos del poder militar, eran manejadas centralizadamente y también favorecían a los más pudientes. Hoy, 35 años después, en esta supuesta plena democracia, el poder se descentralizó formalmente, pero las instituciones fueron puestas en venta a favor de los acaparadores de riqueza y grupos delincuenciales.
¿Cómo sucedió? Fácil: mediante las donaciones a las campañas políticas, permitidas por una Ley Electoral antidemocrática, que autoriza que donantes conocidos y desconocidos “inviertan” capitales legales o delictivos. Entre ellos figuran empresarios, transnacionales como Odebrecht, la minera First Quantum y el narcotráfico, todos donando —en muchos casos de manera similar— a candidatos impuestos por los partidos políticos y a falsos independientes.
El tráfico de influencias cruzado, es decir, entre instituciones y criptócratas, es recurrente. Un ejemplo reciente es el de la joven abogada que fue convencida desde la esfera privada de presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la candidatura presidencial del hoy mandatario, sin advertir que este quedaría supeditado a la letal actividad minera. Sus declaraciones rememoran las difundidas en 1987 por el coronel Roberto Díaz Herrera, aunque ahora desde el dominante espacio privado.
En su mayoría, los “favoritos y no tan favoritos” para aceptar el sospechoso triunfo electoral recibieron donaciones de los mismos sectores mencionados. La estrecha relación entre los poderes del Estado y los sectores acaparadores de riqueza ha quedado nuevamente evidenciada por la voz de la joven abogada, quien reafirma lo denunciado durante décadas: la facilidad para filtrar, tergiversar y reproducir información sensible antes de su publicación, involucrando a la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal Electoral.
Esto aviva la corrupción y el clientelismo institucional, cuya resultante electoral fue el nombramiento del Contralor General de la República, emparentado con una de las protagonistas de este escándalo político.
¿Tendremos solución a estos graves problemas institucionales? Desde luego, el principio básico de escoger y ser elegido libre y democráticamente ha sido diezmado, minimizado y manipulado desde la institución rectora. Cabe únicamente su reestructuración desde la base constitucional, devolver las competencias a quienes corresponden y reconstruir orgánicamente el sistema en su totalidad.
Es necesario restituir el carácter arbitral del Tribunal Electoral, dotando a todos los candidatos de elección popular de iguales requisitos y beneficios mínimos. La solución pasa por propuestas estudiadas, analizadas y presentadas, como las del Movimiento Independiente Nacionalista (M.I.NA.), que promueve el Foro Constitucional Electoral y propone la erradicación del financiamiento privado.
Dicha propuesta fue sustentada ante la Comisión de Reformas Electorales, junto con otras organizaciones, y desechada de inmediato por las articulaciones de los acaparadores de riqueza (oenegés) y la partidocracia, en concordancia con los magistrados del Tribunal Electoral.
Estos planteamientos deben elevarse ante una Asamblea Constituyente Originaria, para su discusión y validación. Las instituciones no pueden continuar en manos de poderes ocultos y visibles, sino al servicio de la ciudadanía, que exige transparencia y la recuperación de valores y derechos cercenados por grupos elitistas que dominan la mayoría de los estamentos estatales.
Es una tarea obligante e imperante democratizar el Tribunal Electoral. ¡Acción!
El autor es ciudadano.
