Panamá está nuevamente en las noticias y, como aparentemente se ha hecho costumbre, no es por nada bueno. La más reciente novedad es que Panamá ahora ha aceptado recibir migrantes deportados desde Estados Unidos. Todo esto, podemos suponer, es parte de las secuelas del paso del huracán Marco por nuestro país, disfrazado como un acuerdo de cooperación.
Más allá de reportar la recepción de migrantes en nuestro suelo bajo condiciones cuya regularidad desconocemos y hasta dudamos, el New York Times titula “Mientras Trump ‘exporta’ deportados, cientos están atrapados en un hotel en Panamá”, con una selección de palabras que deja entrever la insensibilidad y falta de humanidad con que miran a estas personas, prácticamente como si fueran mercancía. Estamos hablando de unas 300 personas, incluyendo niños, que llegaron a nuestro país en aviones militares, posiblemente esposados de manos y pies, como fue el caso de los ya repatriados a Brasil y Colombia, por ejemplo.
No soy abogada ni trabajo en temas humanitarios, sin embargo, como intérprete, he asistido a migrantes en diligencias de solicitud de asilo ante la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados y me consta que estas personas llegan a Panamá en condiciones sumamente precarias, con cicatrices tanto físicas como emocionales como equipaje. Los casos que atendí eran mujeres huyendo de la persecución política en África, quienes dejaron atrás a sus familias, sus costumbres, todo por lo que trabajaron, por protegerles. Estos procesos violentos de deportación, de los cuales nuestro país se está convirtiendo en cómplice, solo aumentan el trauma que han experimentado estas personas.
Aunque los medios reportan que Panamá no está financiando esta operación, al ser parte de este llamado puente de deportaciones, que también incluye a Costa Rica y Guatemala, el país está asumiendo responsabilidades delicadísimas que tengo mis dudas tengamos la capacidad de ejecutar, en especial teniendo un problema migratorio crónico con las más de 300,000 personas que intentan cruzar el Darién. Con este compromiso adquirido con Estados Unidos, Panamá tiene no solo la responsabilidad de albergar, alimentar y proteger la integridad física de estos deportados durante el tiempo que estén aquí, en lo que deciden los siguientes pasos en la travesía de estas personas, sino que también adquiere el deber de proteger sus vidas y garantizar sus derechos.
En los pocos días que van desde la llegada de este contingente, ya se sabe, por declaraciones del Ministro de Seguridad, que más de la mitad han aceptado el retorno voluntario a sus países. En cambio, al menos tres personas han solicitado refugio en Panamá y otros países, lo que puede convertirse en un proceso de años en incertidumbre.
Desconozco el costo de tener a estos migrantes en custodia, que no debe ser bajo. Sin embargo, aunque esto sea sufragado por entidades internacionales, como han declarado las autoridades, no podemos hacernos los de la vista gorda y desconocer que hay algo más allá del costo monetario. Es importante saber y entender qué significa esto, particularmente en la coyuntura que estamos viviendo en nuestras históricamente accidentadas relaciones con Estados Unidos. Aquí la pregunta del millón es: ¿Qué estamos pagando al hacer este favor?
A pesar de que esto supuestamente obedece a un acuerdo de cooperación de 2024, es decir, previo a la administración estadounidense actual, estamos metidos en un baile donde no bailamos a la par, sino al ritmo que nos toquen, aunque eso implique agotar la poca capacidad instalada para la atención de migrantes, incrementar costos intangibles para el Estado panameño, así como los riesgos de alguna tragedia causada por las circunstancias extenuantes a las que están sometidos estos migrantes.
Solo nos queda esperar que, en la práctica, el compromiso tanto de Estados Unidos como de las entidades humanitarias competentes sea contundente y no nos dejen a la deriva enfrentando un reto tan delicado como este.
La autora es miembro de la Fundación Libertad.
