Cada 8 de marzo volvemos a sentarnos a hablar sobre los derechos de las mujeres. Y es que, aunque estos derechos existen y están reconocidos en normas y tratados internacionales, la realidad es que muchas mujeres siguen sin poder ejercerlos en la práctica.
El lema propuesto por ONU Mujeres para el Día Internacional de la Mujer 2026 —“Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”— no plantea nada nuevo, sino que pone en evidencia una deuda que persiste. Nos hace reconocer estas realidades y comprender cómo impactan directamente en la sostenibilidad de nuestro país. El acceso a la justicia y el ejercicio pleno de los derechos continúan siendo un privilegio para algunas y un terreno pantanoso y desigual para otras. Por ello, hablar de “todas las mujeres y niñas” nos obliga a reconocer que no todas enfrentan las mismas barreras. A esto lo conocemos como interseccionalidad.
Mujeres en situación de pobreza, sobrevivientes de violencia, mujeres rurales, indígenas, con discapacidad o con bajos niveles de escolaridad son quienes viven con mayor intensidad los efectos de la pobreza y de la desigualdad histórica que han enfrentado por el hecho de ser mujeres. Estas condiciones inciden directamente en su posibilidad real de participar plenamente en la sociedad y de ejercer sus derechos.
Además, estas desigualdades no son ajenas al sector empresarial: afectan la participación laboral, la productividad, la seguridad jurídica y la estabilidad de los entornos donde operan las empresas. Ignorarlas no solo perpetúa la desigualdad, sino que también debilita la cohesión social y la confianza institucional.
Es bien sabido que las leyes, aun cuando sean de avanzada, no resuelven los problemas por sí solas: requieren acciones efectivas a través de políticas públicas, programas, personal técnico, presupuestos adecuados y, por supuesto, voluntad. En este sentido, el sector privado cumple un rol clave: como empleador y como actor con capacidad de incidir en la construcción de prácticas más justas e inclusivas. Para las empresas, esto se traduce en compliance, debida diligencia y estándares ESG, particularmente en sus componentes social y de gobernanza.
Promover entornos laborales libres de violencia y discriminación, garantizar mecanismos internos de denuncia eficaces y adoptar políticas de igualdad no es únicamente una cuestión ética; constituye también una gestión responsable de riesgos legales, reputacionales y operativos y, sobre todo, una exigencia vinculada al respeto y la garantía de los derechos humanos.
Hablar de derechos y justicia solo tiene sentido cuando se traduce en acción; de lo contrario, seguiremos hablando de igualdad sin hacerla realidad. Por eso el 8 de marzo no es solo una fecha simbólica. Es un recordatorio de que los derechos deben garantizarse, la justicia debe funcionar y la acción debe sostenerse en el tiempo. Se requiere coherencia entre el discurso y la práctica, una inversión sostenida y progresiva, y asumir la sostenibilidad empresarial como una forma de contribuir a sociedades más justas y equitativas, donde todas las personas prosperen y nadie se quede atrás.
La autora es directora ejecutiva de Fundamorgan.
