Todo comenzó en 1992, durante el gobierno del presidente Guillermo Endara y la creación de las oficinas de Proprivat (Proceso de Privatización de Empresas, Bienes y Servicios Estatales) y continuó con el gobierno del presidente Ernesto Pérez Balladares, ambos presionados por organismos financieros internacionales y por la realidad del momento.
En 1994 se vende Cemento Bayano; simultáneamente empieza la privatización del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE). Le toca al ingeniero Gonzalo Córdoba, como director del IRHE, privatizar el aseo y la seguridad, no pudo privatizar Mantenimiento de Equipo Rodante (Mader).
En el gobierno del presidente Pérez Balladares, y bajo la dirección del economista Fernando Aramburú Porras, se concluye con el proceso (1997-1998). Se divide el IRHE en ocho empresas: una es de transmisión (Etesa) y es 100% estatal, las otras son de distribución y de generación y son propietarias del 51% de las acciones; el 49% restante pertenece al Estado panameño y a accionistas minoritarios. Si señores, se dio una concesión y no privatización.
Unión Fenosa adquiere dos empresas de distribución eléctrica y crea Edemet-Edechi, en que la concesión es por periodos de 15 años. Ya pasó el primer periodo y faltan 10 años para que se cumpla el segundo periodo, que comenzó en 2013.
En estos días, la prensa nacional e internacional anuncia la salida de Naturgy (nuevo nombre de Gas Natural Fenosa) de 20 países; no sabemos si está incluido Panamá, lo cierto es que transcurridos 20 años la situación del país ha cambiado y va a seguir cambiando, muchos estimamos que para bien, en gran medida esto va a depender de la escogencia del próximo presidente de la República y de que se cumpla como primer punto, con los cambios necesarios para obtener una nueva Constitución.
Estamos a tiempo para pensar si sería conveniente esperar o adelantar para que estas empresas reviertan a favor de Panamá. Una opción sería la compra por parte de la Caja de Seguro Social (CSS), que tiene los recursos suficientes y creando una empresa autónoma, pero que sus beneficios económicos pasen a la CSS. Esta empresa tendría una administración supervisada y con una legislación especial capaz de castigar penal y económicamente al que cometa actos de corrupción.
¿Qué opina el señor presidente de la República, Juan Carlos Varela, los candidatos y candidatas a presidente y qué opina usted?