En el panorama actual electoral en Panamá, persisten desafíos significativos en la protección de los derechos humanos de las personas LGBTQ+ debido a la falta de legislaciones específicas y la discriminación institucional arraigada en la sociedad.
En un evento de la sociedad civil para articular acciones para la campaña electoral, fui notificado que había un vehículo de un partido recientemente legalizado de ultraderecha transitando por la ciudad de Panamá predicando y lanzando consignas en contra de la comunidad LGBTIQ. Un partido que parte de su negociación con los otros colectivos políticos es hacer alianza, es para controlar exclusivamente para ver todo lo referente a la comunidad de la diversidad sexual. Una situación sumamente peligrosa para nosotros y que pone en evidencia que la Ley General contra la Discriminación de Panamá es letra muerta.
En la contienda pasada de 2019, fue sorprendentemente desagradable ver al antiguo alcalde de la ciudad capital aliándose con grupos anti derechos y pro-familia nombrando a una pastora evangélica como vicepresidenta de su nómina presidencial; en contraste, cuando en el 2015 fue abanderado de la Marcha del Orgullo donde le rindió honor a su madre lesbiana.
2024 nos ha traído uno de los momentos más difíciles para los LGBTIQ, cuando el tema de los derechos se ha convertido en un tabú electoral, especialmente por el Matrimonio Igualitario. Después del fallo de la Corte Suprema de Justicia donde dictaminó que nosotros no somos sujeto de derechos por nuestra orientación sexual o identidad de género, solo tenemos aspiraciones.
El primer desafío radica en la falta de leyes específicas que reconozcan y protejan los derechos de las personas LGBTQ+. En la ausencia de marcos legales claros, se crea un vacío legal que dificulta la persecución efectiva de violaciones de derechos humanos basadas en la orientación sexual e identidad de género. Nos deja a las personas LGBTQ+ vulnerables a la discriminación, la violencia y la impunidad, ya que los perpetradores pueden actuar sin temor a consecuencias legales significativas alegando que libertad de expresión.
Además, la falta de leyes específicas contribuye a la negación sistemática de derechos fundamentales, como el matrimonio igualitario y la protección contra la discriminación laboral y educativa. La carencia de reconocimiento legal también afecta la calidad de vida de las personas LGBTQ+ al limitar su acceso a servicios de salud inclusivos y a la protección legal en casos de discriminación y violencia.
El segundo desafío importante es la discriminación institucional arraigada en las estructuras gubernamentales y de aplicación de la ley. Ejemplo claro son las leyes orgánicas que regulan la Fuerza Pública y el Cuerpo de Bomberos, que dictamina que si la institución descubre comportamiento homosexual es causal de destitución, por lo tanto, podemos argumentar que hay discriminación institucionalizada en Panamá.
La falta de protocolos claros y sensibles a la diversidad sexual e identidad de género dentro de estas instituciones obstaculiza la documentación adecuada de violaciones de derechos humanos contra personas LGBTQ+. La discriminación y los prejuicios pueden llevar a una subestimación de los casos o a la falta de registro adecuado de las violaciones, lo que dificulta la identificación y el seguimiento de estos casos para tomar medidas preventivas y correctivas.
Además, la discriminación institucional genera desconfianza en las personas LGBTQ+ hacia las autoridades, lo que las disuade de denunciar incidentes de violencia y discriminación. Esta falta de confianza y acceso a la justicia perpetua un ciclo de impunidad y marginación para las personas LGBTQ+, perpetuando así la vulnerabilidad y el riesgo de violaciones continuas de derechos humanos.
Abordar estos desafíos requiere un enfoque integral que incluya la promulgación de leyes específicas que reconozcan y protejan los derechos de las personas LGBTQ+, así como la implementación de políticas y protocolos sensibles a la diversidad sexual e identidad de género en todas las instituciones públicas y de aplicación de la ley. Además, se necesita una mayor sensibilización y educación para combatir la discriminación y los prejuicios arraigados en la sociedad panameña y promover una cultura de inclusión y respeto hacia todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género.
El autor es presidente de la Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá.
