El presunto camino delictivo de la descentralización paralela, de existir este, involucraría a exdiputados (algunos reelectos) pertenecientes a la pasada Comisión de Presupuesto, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al administrador de la Autoridad Nacional de Descentralización (ADN), así como a la Contraloría General de la República y pasamos explicar. Recordemos que estamos frente a transferencias de fondos autorizados por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, en reunión convocada según las necesidades del Estado panameño, que salen de un programa de inversión social alimentado con recursos del Estado según lo establece el presupuesto general y aprobado por el Consejo de Gabinete.
Montos recibidos por la AND, que a su vez los traspasaba a los gobiernos locales. El calificativo de “paralela” se da por ser traslados ajenos al Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piosm) de $110 mil por corregimiento al año y del impuesto de bien inmueble (IBI) según lo que recoge cada municipio.
La primera irregularidad se daría, frente al hecho de que la pasada directiva de la Comisión de Presupuesto no entregaba ni entregó copias de las actas solicitadas en este caso, por el exdiputado Juan Diego Vásquez, para evitar que esas irregularidades saltaren a la vista, como saltaron en un traslado de $7.5 millones que él pudo identificar. ¿Cuáles son esas irregularidades? En primer lugar, en el acta no aparece el asunto del traslado incluido en el orden del día, por lo cual, no podía haber constancia, como efectivamente no la hubo, de la aprobación de ese traslado; y menos existe ninguna constancia de la asistencia del administrador de la AND en la reunión (cuya presencia personal o física es obligatoria).
Entonces, a pesar de que ese traslado no fue ni siquiera considerado en la reunión, la mayoría de los miembros de la Comisión de Presupuesto procedieron a certificarle al MEF, que ese traspaso había sido aprobado. Estaríamos, por lo menos, frente a un posible delito contra la fe pública tipificado en el Código Penal, bajo la modalidad de falsificación de documento público. Porque estos diputados y exdiputados certificaron una presunta falsedad, al señalar por escrito que se había aprobado un traslado que nunca existió, porque no consta en el acta. Esas copias, en su gran mayoría, nunca entregaron, pero ahora, esperemos que las mismas sean dadas a conocer de inmediato, ante una nueva camada de diputados jóvenes y decentes. No olvidemos tampoco que, en Sala Tercera de la Corte, hay una demanda de nulidad pendiente de decisión, contra ese traspaso de $7.5 millones, presentada por el exdiputado Vásquez.
Pero la cadena sigue. Una vez el MEF recibía la aparente certificación falsificada del acta, en lugar de revisar el documento (acta) original ante las múltiples irregularidades que caracterizaban los actos de aquella Comisión de Presupuesto, procedió de inmediato a transferir el dinero a la AND. Asimismo, extraña sobremanera que supuestamente teniendo el MEF un representante en la Comisión de Presupuesto, este no alza su voz de alerta, frente a las denuncias públicas que realizó y ha realizado el exdiputado Vásquez. Aquí estaríamos, entre otros, ante el delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos. Pero esto no termina aquí.
Porque resulta que el contralor, quien también debería tener un representante en las reuniones de la Comisión de Presupuesto, parece no haber auditado los traslados de partida realizados desde el MEF hacia la AND. Como tampoco los de la AND a las juntas comunales, siendo su obligación, entre otras, exigir esas actas que nunca le entregaron al exdiputado Juan Diego Vásquez para comprobar que se cumplieron los pasos exigidos por la ley. El contralor tampoco ha dado a conocer a estas alturas, si estos traslados cumplieron los parámetros que consisten de parte de las juntas comunales en enviar el requerimiento sustentado y explicado a la AND, ni la definición y coordinación de esta en el envío de fondos a cada gobierno local; tampoco se conoce si hubo descripción de cada proyecto por parte de los gobierno locales que se favorecieron e impulsaron y que la transferencia de fondos se haya realizado en función de los proyectos aprobados por cada junta comunal.
Pero sucede que esta descentralización paralela parece tener un notable adepto. Se trata de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), la que, a través de su representante legal, dice que la descentralización paralela “no existe”. Porque se trata, según él, de un apoyo económico que el gobierno central aporta a los municipios. A pesar, agregamos nosotros, de que los fondos son entregados a la misma AND, la que, a su vez, los entrega a los gobiernos locales y sin ningún aparente control, tal cual lo hemos explicado. Pero hay un elemento adicional desde la Amupa que preocupa. Porque del monto destinado de los proyectos, se traslada un 1% a la Amupa.
Asumiendo que este porcentaje es sacado solamente de las transferencias de Piosm y del IBI, no las del gobierno central (descentralización paralela), entre 2015-2019 fueron $724 millones y entre 2020-2023 fueron $761 millones, para un gran total de $1,485 millones. Lo que significa que entre 2015 y 2023, salvo mejor criterio, la Amupa ha recibido, presuntamente, un total de $14.85 millones (alrededor de $1.65 millones al año). ¿Que hace la Amupa con esos fondos públicos? ¿Alguien sabrá si ha rendido cuentas? ¿Dónde está el informe de ingresos y egresos de la Amupa? Sus estados financieros, ¿los ha publicado? ¿estará dispuesta la Amupa a publicar, para beneficio de la ciudadanía, sus registros financieros cuya mayoría de fondos provienen del tesoro público? A estas alturas pareciera que no lo ha hecho y, de ser así, es muy delicado.
El autor es abogado.
