La descentralización es un principio fundamental para fortalecer la democracia, mejorar la gestión pública y fomentar un desarrollo más equitativo en el país. En Panamá, este proceso —consagrado en la Ley 66 de 2015— representa un paso clave hacia el empoderamiento de los gobiernos locales y la optimización de los servicios públicos a nivel municipal. El modelo busca transferir competencias, recursos y responsabilidades del gobierno central a los municipios, permitiendo mayor autonomía y capacidad de respuesta ante las necesidades específicas de la población.
La importancia de la descentralización radica en su capacidad para acercar el poder de decisión a la ciudadanía. Cuando los gobiernos locales pueden gestionar recursos y ejecutar proyectos, están mejor posicionados para atender con eficiencia los problemas que enfrentan sus comunidades. En el contexto panameño, donde persisten profundas desigualdades entre la capital y las regiones del interior, la descentralización se convierte en una herramienta esencial para cerrar brechas sociales, económicas y de infraestructura.
Uno de los instrumentos principales de este proceso es el Fondo de Descentralización, que transfiere anualmente recursos financieros a los municipios con el propósito de financiar proyectos de inversión pública. Sin embargo, a pesar de los mecanismos establecidos por la ley para su asignación, muchos municipios aún enfrentan limitaciones presupuestarias que les impiden ejecutar obras de impacto. Por ello, es urgente aumentar el monto de este fondo, especialmente en zonas rurales y comarcas indígenas, donde las necesidades básicas siguen sin ser atendidas.
Un mayor financiamiento permitiría a los gobiernos locales ejecutar proyectos prioritarios como la mejora de caminos rurales, acceso a agua potable, electrificación, programas culturales y educativos, entre otros. Esto no solo impulsa el desarrollo económico local, sino que también genera empleo, promueve la participación ciudadana y fortalece el tejido social. Además, una distribución equitativa de los recursos contribuye a la cohesión territorial y evita la concentración de inversiones en áreas ya privilegiadas.
No obstante, este aumento debe ir acompañado de mecanismos de control eficaces para evitar el mal uso de los fondos. La corrupción y la mala gestión son riesgos latentes en cualquier sistema descentralizado, especialmente si no se cuenta con una supervisión adecuada. En este sentido, el ordenamiento jurídico panameño contempla medidas de fiscalización que deben ser fortalecidas y aplicadas con rigor.
La Contraloría General de la República tiene un papel central en la auditoría de los fondos públicos, pero su labor debe complementarse con sistemas de control interno sólidos dentro de los municipios, capacitación continua del personal y mecanismos de rendición de cuentas hacia la ciudadanía. La transparencia puede promoverse mediante la publicación periódica de informes financieros, consultas públicas y la participación activa de la sociedad civil en el seguimiento de los proyectos.
Además, el uso de herramientas tecnológicas puede ser un aliado crucial en la supervisión de los recursos descentralizados. Plataformas digitales que permitan rastrear en tiempo real la ejecución de proyectos y facilitar denuncias ciudadanas contribuirían a mejorar tanto la eficiencia como la integridad del sistema.
En conclusión, la descentralización es un pilar esencial para el desarrollo sostenible de los municipios panameños. Su adecuada implementación requiere no solo un incremento en los fondos asignados, sino también el establecimiento de controles rigurosos que garanticen un uso transparente y eficiente de los recursos. Fortalecer la descentralización es fortalecer la democracia, la equidad territorial y la capacidad del Estado de responder a las verdaderas necesidades de su población.
La autora es abogada.
