La Contraloría se refirió a los opacos $994 millones de la descentralización, entregados en el gobierno de Juan Carlos Varela. Opacos, porque no se publicaron registros sobre cómo fueron entregados, ni en qué fueron utilizados los fondos para su respectivo seguimiento ciudadano. Ni el MEF ni la Contraloría de entonces publicaron informes de transferencias ni existía una guía de rendición de cuentas del dinero que era transferido. A partir del cambio de gobierno en 2019, lo transferido a municipios y juntas comunales suma $1,005 millones (superando el quinquenio anterior).
La ciudadanía hoy no sabría nada si no es porque el diario La Prensa accede por su propia cuenta a más de 3 mil registros de la Contraloría, con su número de control (Scafid), monto y destino, entre otros datos, que muestran las transferencias entre 2021 y 2023 de al menos $243 millones, a 473 juntas comunales fuera del procedimiento legal. Porque fueron transferencias no sujetas a la ley de descentralización, sino realizadas desde el gobierno central, a través de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional a la Autoridad Nacional de Descentralización (AND). Y es en medio del escándalo, cuando el 14 de junio de 2023, la Contraloría finalmente decide emitir la circular y la guía básica para la rendición de cuentas, sobre la utilización y manejo de fondos y bienes públicos, para que 679 representantes rindan cuentas. Y decimos “finalmente”, porque es algo que debía hacer desde 2020 y dejó que el tiempo pasara sin mayor sustentación. Ahora debe auditar lo transferido desde hace más de 3 años a la fecha.
Este gobierno ha transferido $243 millones del gobierno central (descentralización paralela), $417 millones del IBI (impuesto de bienes inmuebles) y $344 millones del Piosm (programa de inversión de obras públicas y servicios). El problema está en que esos $1,005 millones en casi 4 años nadie los ve, en el entorno de los 81 municipios y 679 corregimientos que hay en la República de Panama. Además, si este contralor creó en 2020 la Subdirección Nacional de Rendición de Cuentas y dice que esto le permitió conocer cómo fueron destinados y utilizados los $994 millones del gobierno de Varela, ¿dónde están esos resultados?
Adicional, la Subdirección de Rendición de Cuentas, según la Contraloría, ha permitido conocer los detalles de los gastos de la actual administración. Pero esos detalles no existen porque apenas el pasado 14 de junio de 2023, se les solicitó a las juntas comunales entregar sus informes. Esa rendición implica de parte de las juntas comunales, indicar la responsabilidad que le compete a cada servidor público durante el proceso de las compras y contrataciones respecto a la autorización y trámite de adquisición, recepción de bienes, servicios u obras, ingresos, almacén, gastos y desembolsos de fondos (pagos), registros contables y, en especial, quién custodia los documentos fuentes y sustentadores que respaldan el informe para la revisión de las entidades competentes y, de forma particular, del examen de cuenta sobre el informe rendido.
Y, ¿cuándo deben entregar sus pesquisas? Por ejemplo, la del año 2020 debe ser hasta 120 días después del 14 de junio que se hizo la comunicación, o sea, el 14 de octubre de 2023. Las de 2021 y 2022 serían 90 días y la de lo que va de 2023, solo 30 días (hasta el pasado 14 de julio). Falta ver cuánto demorará la Contraloría en descifrar el informe y el sustento de cada junta comunal, para que la ciudadanía conozca con exactitud en qué se invirtió cada centavo, porque a la vista del público no se ve nada. Llama la atención que la Contraloría no le exija la misma rendición de cuentas ni al MEF ni a la AND.
Mientras todo esto sucede, tenemos a un presidente de la República diciendo que él “no maneja” esos temas. Y el vicepresidente/candidato, sobre lo que considera ser la “mal llamada” descentralización paralela, para él lo que existe es un fortalecimiento a la descentralización y que los $243 millones de esos fondos paralelos es poca plata. Si bien dijo que mediante este procedimiento se establece para qué son los fondos, la Contraloría refrenda y la AND transfiere los recursos, ante la capacidad de cada junta comunal de ejecutar. La realidad es que no se ven las inversiones en las comunidades. Puentes se caen, hospitales colapsan, abunda basura, aceras no existen, huecos se agrandan, caminos se atrofian, escuelas se deterioran, luces se apagan, agua se pierde, etc. La realidad es que no se observan obras ejecutadas ni inversiones en las comunidades.
Por cierto que del monto destinado de los proyectos, se traslada 1% a la Asociación de Municipios de Panama (Amupa). Asumiendo que este porcentaje es sacado solamente de las transferencias de Piosm y del IBI, no las del gobierno central (descentralización paralela), entre 2015-2019 fueron $724 millones y entre 2020- 2023 fueron $761 millones, para un gran total de $1,485 millones. Lo que significa que desde el 2015 a la fecha, la Amupa ha recibido un total de $14.85 millones. ¿Que hace la Amupa con esos fondos públicos? ¿Alguien sabrá si ha rendido cuentas? ¿Dónde está el informe de ingresos y egresos de la Amupa? Sus estados financieros, ¿los ha publicado?
Probablemente, la Contraloría decida no auditar a la Amupa, ya que mediante la Ley 351 de 2022, que modifica el párrafo final del artículo 2 de la ley orgánica de la Contraloría (Ley 32 de 1984), excluye a las sociedades corporativas cuya fiscalización, vigilancia y control, sean competencia, de acuerdo con disposiciones legales especiales, de otros organismos oficiales. Y si la Contraloría considera a la Amupa una sociedad corporativa con estos atributos, no la auditará. Por esta y otras razones, está pendiente de fallo un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 351 de 2022. Mientras tanto, la Contraloría continuará con la facultad discrecional de auditar, revisar, investigar y evaluar lo que le dé la gana, en defensa y protección de esta rampante opacidad.
El autor es abogado
