En Panamá, hablar de desarrollo territorial sigue siendo, en muchos sentidos, hablar de desigualdad. Mientras algunas zonas concentran inversión, infraestructura y oportunidades, otras permanecen atrapadas en ciclos de abandono que no responden a la falta de voluntad local, sino a un problema estructural: la excesiva centralización de los recursos.
En este contexto, garantizar que el dinero del Impuesto de Bien Inmueble (IBI) llegue de manera efectiva, oportuna y fluida a los municipios no es solo una discusión administrativa o financiera; es, en esencia, una apuesta por la equidad territorial y la dignidad de las comunidades.
El IBI, por su naturaleza, es un tributo profundamente vinculado al territorio. Se genera a partir del valor de los bienes inmuebles que existen dentro de cada distrito, lo que lo convierte en un instrumento idóneo para fortalecer la gestión local. Sin embargo, cuando estos recursos no son transferidos con eficiencia o quedan atrapados en procesos burocráticos innecesarios, se rompe la lógica básica de corresponsabilidad fiscal: las comunidades aportan, pero no reciben en proporción ni en tiempo.
Esto tiene consecuencias directas. Los municipios, que son la instancia más cercana a la ciudadanía, ven limitada su capacidad de respuesta ante necesidades urgentes: calles deterioradas, falta de alumbrado público, problemas de recolección de desechos, espacios públicos abandonados o carencia de infraestructuras básicas. Mientras tanto, los ministerios y el gobierno central, aun con la mejor intención, operan bajo estructuras administrativas complejas que dificultan la ejecución rápida de soluciones puntuales.
La realidad es clara: la burocracia centralizada no tiene la agilidad que exige lo local.
Permitir que el IBI fluya directamente hacia los municipios no significa, en absoluto, promover un uso discrecional o desordenado de los fondos públicos. Por el contrario, este proceso debe ir acompañado de mecanismos sólidos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas. La descentralización no puede ni debe ser sinónimo de opacidad; debe ser, más bien, una oportunidad para fortalecer la gobernanza local, acercando la vigilancia ciudadana a la gestión de los recursos.
Cuando los fondos se administran a nivel municipal, el control social se vuelve más directo y efectivo. Los ciudadanos conocen a sus autoridades, viven las obras —o su ausencia— y tienen la capacidad de exigir respuestas con mayor inmediatez. Además, la transferencia efectiva del IBI permitiría una planificación más coherente con las realidades de cada territorio. Ningún ministerio, por eficiente que sea, puede comprender con la misma precisión las prioridades de cada comunidad como lo hacen sus autoridades locales. Son estas quienes conocen dónde urge una calle, dónde hace falta una escuela o qué barrio requiere intervención inmediata.
Descentralizar recursos es, en consecuencia, descentralizar soluciones.
Pero hay un argumento aún más profundo: la redistribución de la riqueza. Un sistema donde los recursos se concentran en el nivel central tiende a reproducir desigualdades, porque las decisiones de inversión no siempre logran equilibrar las asimetrías territoriales. En cambio, cuando los municipios cuentan con recursos propios suficientes, se genera una dinámica más equilibrada, donde cada distrito puede impulsar su propio desarrollo, reduciendo brechas históricas.
El flujo efectivo del IBI hacia los municipios no es una concesión; es una necesidad estructural para construir un país más justo. Es reconocer que el desarrollo no puede seguir dependiendo exclusivamente de decisiones centralizadas, sino que debe nutrirse de la capacidad de acción de los territorios.
Panamá necesita avanzar hacia un modelo donde la descentralización no sea un discurso, sino una práctica tangible. Donde los recursos lleguen a tiempo, donde las obras respondan a las verdaderas necesidades de la gente y donde la transparencia acompañe cada paso del proceso.
Porque, al final, no se trata solo de dinero. Se trata de oportunidades, de dignidad y de la posibilidad real de que cada comunidad, sin importar su ubicación, pueda construir su propio futuro.
La autora es abogada.
