Nuestro Himno Nacional nos invita a “cubrir con un velo del pasado el calvario y la cruz”. Tras la restauración democrática de 1990, Panamá aplicó esta máxima con rigor para sanar un tejido social desgarrado y recuperar la confianza institucional. Sin embargo, tres décadas después, es preciso descorrer sutilmente ese velo. No para desatender el llamado a la concordia que inspira nuestro símbolo patrio, sino para revisar con honestidad si las estructuras que nos permitieron sobrevivir a la crisis siguen siendo funcionales para los desafíos del siglo XXI.
Para entender hacia dónde vamos, hay que recordar de dónde venimos. El periodo entre 1984 y 1989 representó el colapso de la ética pública: el Tribunal Electoral no fue un árbitro, sino un brazo ejecutor del régimen, culminando con el fraude de 1984 y la traumática anulación de 1989. Tras la invasión, la institución requirió un “lavado de cara” profundo. Se rescató la operatividad del Registro Civil y la Cedulación, alejándolos del control de seguridad para evitar que la identidad fuera usada como arma política. Pero el diseño del mando superior permaneció intacto: un triunvirato de tres magistrados nombrados por los tres órganos del Estado. Este modelo 1-1-1, que brindó estabilidad inicial, hoy muestra agotamiento y se ha convertido en una cuota de poder político.
La aspiración panameña es clara: el ciudadano vota, escruta y proclama. Por ello, la Junta Nacional de Escrutinio es sagrada y debe mantenerse como el ente civil externo que proclama al vencedor. Es el muro que evita que los magistrados sean “juez y parte”. Para blindar esta transparencia, propongo reformar el Título IX de la Constitución: pasar de tres a cinco magistrados. Este cambio no es a capricho; los dos nuevos magistrados deben provenir de la sociedad civil y de ciudadanos no inscritos, mediante un proceso de méritos ajeno al “dedazo” político.
Un tribunal de cinco permitiría romper el monopolio de las cúpulas, diversificar decisiones y auditar desde adentro el manejo de planillas y la justicia electoral seccional, que hoy responden, por los motivos que fueran, más a intereses particulares y/o partidistas que al bienestar nacional.
Estamos ante un cambio de paradigma. El padrón electoral descansa hoy en jóvenes de 18 a 35 años, una generación que no conoció el calvario del 89 y que empieza a dudar de la eficacia democrática. Si el sistema sigue siendo una “calle llena de clavos” para la libre postulación mientras se legisla para las aplanadoras partidistas, la legitimidad se perderá.
Ante el anuncio de una reforma constitucional, es el momento de elevar estas propuestas a rango fundamental. Debemos evitar que la Asamblea, en sus acostumbradas comisiones, desvirtúe el clamor ciudadano para legislar en beneficio de su propia reelección.
Revisar lo que yace bajo el velo del pasado nos obliga a ver la democracia como un compromiso que se renueva. Abrir el Tribunal Electoral a la sociedad civil no es violentar nuestro ideal nacional; es la única forma de honrar el sacrificio de quienes nos precedieron. Es hora de que el sistema electoral deje de ser un feudo de tres para convertirse en la casa de todos.
El autor es expresidente de la Junta Nacional de Escrutinio.
