La economía panameña experimenta desempleo de dos dígitos. La confirmación del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) vendrá a finales de año y será meramente protocolar. Hasta octubre de 2024 era de 9.5%.
Con la excepción de los años de pandemia y postpandemia (2020, 2021), es la más alta tasa en 20 años (9.8% en 2005). En los últimos dos años se han perdido 80% de nuestras exportaciones y 70 mil empleos, 54 mil del fiasco minero y otros 15mil a 20 mil que terminaremos perdiendo como consecuencia de “la masacre laboral de Bocas del Toro”.
Hemos creado una economía artificial, de informales y funcionarios financiada con plata prestada, donde los beneficios se convirtieron en derechos, hechos realidad por nuestra adicción al endeudamiento externo. No vivimos de lo que ganamos, sino “de lo que le cargamos a la tarjeta de crédito”. Pero “se nos acabó el saldo” y tenemos que enfrentar la realidad.
Desde 2012 solo el Estado genera empleo formal, con plata prestada
Las dos terceras partes de los empleos generados por la economía entre 2004 y 2012 fueron asalariados del sector privado (cotizantes a la CSS), pero entre 2012 y 2024, 24,174 asalariados perdieron sus trabajos. Sin embargo, se agregaron 63,044 funcionarios y 264,153 informales a la economía.
Cada asalariado que perdió su empleo en ese lapso (2012-2024) fue reemplazado en la economía por tres funcionarios y 10 informales. Los ocho sectores que aportan el 70% de los empleos generaron, como bloque, 100% de empleo informal.
Dos ‘shocks’ y tres ‘aftershocks’ económicos desde 2019
Entre 2019 y 2025 la economía panameña sufrió dos shocks, la pandemia y el cierre minero, con la consecuente pérdida del grado de inversión de Fitch Ratings en marzo 2024, cada uno con efectos laborales diferentes. A estos se le agregan tres aftershocks, asociados con las protestas sociales de 2022, 2023 y 2025.
La pandemia ocasionó la pérdida de 407 mil empleos formales privados entre 2020 y 2021, mientras el cierre minero acabó con 54,107 empleos formales no agrícolas entre agosto 2023 y octubre 2024.
La repentina interrupción de $900 millones de compras anuales de la operación minera a otros sectores de la economía, la disminución de $2,165 millones en financiamientos bancarios al sector productivo, producto del aumento de las tasas de interés debido a la pérdida del grado de inversión, y la pérdida de $1,600 millones de flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) entre 2019 y 2024, representaron la desaparición de más de $4,600 millones de recursos privados de la economía.
La fuerte contracción de la inversión privada tuvo importantes repercusiones en el empleo. En 2024, Mitradel tramitó casi 100 mil nuevos contratos laborales menos que en 2019, una caída del 26%.
Más aún, en la provincia de Panamá, el fiasco minero destruyó más empleos en 14 meses (104,723) que la pandemia en 26 (98,186), incluyendo el de 34,615 profesionales universitarios y el 27% de los empleos formales del sector financiero y de seguros. Cuatro de cada cinco empleos formales perdidos en la provincia ocurrieron en empresas con más de 50 trabajadores (INEC).
Inversión privada y contracción del consumo
Estos eventos ocasionaron una severa contracción del consumo y sirvieron de telón de fondo para la actual “crisis de chen chen”. Según el INEC, entre enero y mayo 2025 se recaudaron $383.15 millones en ITBMS, 11% menos que los $430.74 millones recaudados en el mismo período de 2024, lo que indica que en los cinco primeros meses de este año hubo $136 millones mensuales menos consumo que en 2024.
Efecto distorsionador del Estado en el mercado laboral
Las jubilaciones especiales a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han generado fuertes críticas, pero el efecto distorsionador del empleo público (que financiamos con deuda) va mucho más allá.
Por ejemplo, en Chiriquí, 70% de los trabajadores son privados, pero sólo 31% gana más de $800 mensuales. En Coclé, 74% de la fuerza laboral es privada, 39% gana más de $800 mensuales, mientras que en Veraguas, 60% de la población ocupada es privada, pero apenas 16% gana más de $800 al mes.
Esto plantea un reto de cara a la instrumentación de la Ley 468 de Intereses Preferenciales, los mejores sujetos de crédito en el interior del país son servidores públicos, lo cual a su vez trae a la mesa la recurrente satanización de los incentivos.
Cabe entonces la pregunta ¿qué debemos “subsidiar”: la inversión y generación de empleo privado de trabajadores humildes, o la planilla estatal?
El autor es asesor empresarial.
