Panamá extendió el ejercicio fiscal de 2022 hasta mediados de enero 2023. A través de un decreto ejecutivo expedido el 4 de enero, concedió plazo adicional hasta el 13 de enero para cancelar obligaciones tributarias, pagaderas al 31 de diciembre de 2022. Por consiguiente, los ingresos corrientes recibidos en el periodo extendido fueron computados en el 2022, un total de $304.9 millones, entre los cuales había $50 millones por peajes del Canal de Panamá y $73.3 millones vinculados a retenciones que efectúa la Caja de Seguro Social (CSS).
Esta artimaña logró que Panamá cumpliera en 2022 el límite exigido por la ley de responsabilidad social fiscal, pero no fue la única.
También lo fue diferir el pago de intereses de $363.9 millones correspondientes al año 2022, para ser pagados en el periodo 2024-2026. Como consecuencia, tenemos que el balance fiscal a diciembre 2022 arrojó un déficit de $3,005.5 millones del sector público no financiero (SPNF), equivalente a un 3.93% del PIB. Solo de esta manera se logró estar apenas por debajo del 4% que exige la ley. Se hizo alargando el año fiscal 2022 y aplazando el pago de intereses. Estas argucias le restan credibilidad a la política fiscal de Panamá. A pesar de ello, el viceministro del MEF, Jorge Luis Almengor, ha dicho que se trata de “medidas innovadoras” dentro del “manejo regular del perfil de endeudamiento de un país”. Pero como el detritus sale a flote, resulta que el déficit fiscal del SPNF en los primeros tres meses de 2023, fue de $1,575.1 millones.
Recordemos que este año, la meta del déficit es un 3%, según lo aprobado en la ley de responsabilidad social fiscal. Los ingresos acumulados de $2,713.3 millones reflejados en el Balance Fiscal del Gobierno Central y del SPNF a marzo 2023, publicado por el MEF el 15 de mayo, representan una caída de $130.1 millones o 4.6%, en comparación con igual período de 2022. Mientras que los gastos han llegado a $4,288.4 millones o $304.7 millones (7.7%) más, frente al primer trimestre de 2022.
Según el Informe Preliminar de Recaudación acumulado a mayo 2023 del propio MEF, los ingresos corrientes de este mes sumaron $478.2 millones, es decir, un déficit de $64.7 millones versus lo presupuestado este año. De esos ingresos corrientes en mayo de 2023, $353.5 millones pertenecen a la recaudación de ingresos tributarios, $121.8 millones a ingresos no tributarios y $2.9 millones a otros ingresos corrientes. Y si continuamos en mayo de 2023 respecto a los ingresos corrientes acumulados, totalizan $2,386.5 millones (gobierno central), los que reflejan un déficit de $428.4 millones comparados con el presupuesto.
A su vez los ingresos tributarios acumulados a mayo 2023 fueron $1,929.4 millones, reflejando un déficit de $252.5 millones, en comparación con el presupuesto. Y los otros ingresos corrientes de $2.9 millones muestran un déficit de 82.5% frente al presupuesto. En el acumulado a mayo 2023 de los ingresos no tributarios se refleja un déficit de 26% en comparación con el presupuesto y, en cuanto a lo esperado en el presupuesto acumulado a mayo 2023, los otros ingresos corrientes resultaron con un déficit de 45.1%.
Adicionalmente, el índice de confianza del consumidor ha caído 6 puntos, mientras que tres de sus indicadores como la capacidad de ahorro (72), desempleo (94) y situación del país (83), se mantienen por debajo de la línea de confianza. Pero esto no es todo.
Hoy, la deuda de las distintas entidades del Estado panameño con sus proveedores y contratistas, es de $1,800 millones. Paradójico, cuando este gobierno se quejó de que tuvo que pagar una morosidad del gobierno anterior de $1,836 millones cuando asumió la cosa pública en 2019, pero ahora resulta que está haciendo lo mismo y hasta puede sobrepasar la deuda ajena. Por el lado del desempleo, Mitradel pronostica una baja al cierre de 2023 al 8.5% (hoy estamos en 9.5%). Lo cual no hace sentido, cuando se pretende seguir entregando el vale digital de $120 al mes, hasta julio, beneficiando a un aproximado de 155 mil personas por mes, supuestamente porque no tienen trabajo. A pesar de ello, no son incluidas como desempleadas lo cual, elevaría el desempleo casi al doble de ser consideradas dentro de la población económicamente activa (PEA). El gobierno nunca ha explicado por qué no las incluyen, pareciendo ser su intención bajar artificialmente el desempleo.
En cuanto a la inversión extranjera directa (IEA), según el informe “KPMG 2023 M&A in Latam Survey”, Panamá está relegado a un noveno lugar en la región. Hemos perdido ese atractivo, limitándose el ingreso a $2,000 millones, cuando antes de la pandemia era el doble. El retroceso de la IEA postpandemia es continuo en Panamá (a diferencia de nuestros vecinos), generado por la falta de confianza, la cual promueve a su vez un aumento desproporcionado del empleo informal, que sobrepasa el 48% de la PEA y del cual solo el 17% cotiza a la CSS. Y con este ritmo de precarización, sumado a la estatización irresponsable del empleo, incluyendo además el ritmo acelerado del aumento de la deuda pública, estamos incrementando el desequilibrio económico que nos ahorca.
El autor es abogado
