Las cifras son demoledoras: en Panamá, el lugar de nacimiento y la pertenencia a grupos vulnerables determinan las oportunidades educativas de niños, niñas y jóvenes. Un panorama escalofriante se dibuja con datos revelados en el informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) Niños, niñas y adolescentes en Panamá: Panorama 2024, presentado en la conmemoración de los 35 años de la Convención sobre los Derechos del Niño: 120,000 niños, entre 5 y 17 años, están fuera del sistema educativo, invisibles para el Estado y la sociedad.
No queremos una sociedad de niños tristes. Los niños tienen derecho a ser felices, a desarrollarse plenamente, a soñar y a construir su futuro. La realidad educativa les arrebata sistemáticamente estas posibilidades.
La brecha educativa se manifiesta en datos reveladores. A pesar del mandato legal de invertir en educación el 7% del Producto Interno Bruto (PIB), la inversión es inequitativa y evidentemente ineficiente. En las comarcas indígenas, se reduce drásticamente, lo que explica por qué la tasa de analfabetismo allí alcanza hasta el 34.8%, comparado con el 5.2% nacional.
Las comarcas indígenas representan el epicentro de esta desigualdad sistémica. Allí, la pobreza infantil oscila entre 87% y 94%, convirtiendo la educación en un privilegio. Nueve de cada diez niños no tienen habilidades básicas de lectura en tercer grado. La educación intercultural bilingüe de calidad es una asignatura pendiente.
La vulnerabilidad tiene rostros concretos. Una de cada dos madres adolescentes es indígena, lo que refleja cómo el embarazo temprano interrumpe proyectos de vida y perpetúa ciclos de pobreza.
La situación de las personas con discapacidad añade otra capa de complejidad. De más de 28,000 niños y jóvenes con discapacidad, casi 4,000 están completamente excluidos del sistema educativo.
La persistencia de esta crisis educativa encuentra un contrapunto en los múltiples esfuerzos de diálogo y consenso. Más de 18 espacios de concertación nacional, algunos facilitados por organismos internacionales y promovidos por diversas administraciones gubernamentales y la sociedad civil, han convergido en diagnósticos similares desde 1995. El Diálogo Compromiso Nacional por la Educación emerge como plataforma fundamental que sintetiza los anhelos de transformación.
Existen consensos críticos en cinco dimensiones estratégicas: equidad, calidad, inversión, gestión y formación docente. Un dato revelador: el 78% de los docentes en áreas rurales e indígenas no cumplen con los estándares de formación profesional requeridos, según el Banco Mundial.
La implementación de estas políticas no puede seguir siendo un ejercicio retórico. Requiere voluntad política, asignación presupuestaria técnica y mecanismos de seguimiento y evaluación.
Un dato adicional lo confirma: mientras en la ciudad de Panamá el promedio de años de escolaridad supera los 12 años, en las comarcas Ngäbe-Buglé y Guna Yala no alcanza los 5 años. Esta disparidad revela la profunda inequidad del sistema educativo nacional.
La educación, lejos de ser un instrumento de movilidad social, se ha convertido en un mecanismo de reproducción de desigualdades. La infraestructura precaria, la falta de recursos, la ausencia de políticas de inclusión efectivas y el estigma social actúan como barreras infranqueables.
No se trata solo de estadísticas, sino de vidas reales. Cada niño y joven fuera de la escuela representa un sueño truncado, un potencial desperdiciado. La educación debe ser el gran ascensor social. En Panamá, se ha transformado en un laberinto donde pocos logran encontrar la salida.
Urge una transformación radical. Se requieren políticas públicas que no solo garanticen el acceso, sino que aseguren una educación de calidad, inclusiva y pertinente. Inversión en infraestructura, formación docente, programas de apoyo integral, becas y estrategias que aborden las múltiples dimensiones de la exclusión educativa.
La responsabilidad es colectiva: del Estado, que debe diseñar e implementar políticas efectivas; de la sociedad, que no puede seguir siendo espectadora silenciosa de esta injusticia; y de cada ciudadano, que debe exigir y contribuir a transformar esta realidad.
Panamá no puede seguir permitiendo que la ubicación geográfica, el origen étnico, el género o la condición física determinen el futuro de sus niños y jóvenes. Aprender con calidad no es un privilegio; es un derecho fundamental. Como tal, debe ser garantizado para todos. Aspiro a vivir en una sociedad donde cada niño pueda sonreír, soñar y crecer con las mismas oportunidades.
La autora es educadora y expresidenta de la Junta Nacional del Escrutinio.
