No, en este artículo no trataremos de justificar una postura en pro de la apertura del tapón de Darién. Hablaremos de migración.
La veeduría de defensa en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos estima que, durante todo 2011, Panamá detectó solo a 283 personas que tomaban la ruta del Darién. En 2023, en cambio, 283 personas optan por la ruta cada 17 horas.
Hay quienes sostienen con firmeza que Panamá debe cerrar sus fronteras a la migración irregular. Lo cierto es que ejecutar esta acción es casi imposible. Partiendo del punto de vista jurídico internacional, el país le corresponde cumplir lo suscrito en el acuerdo de Marrakech, un acuerdo global -Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular-. Geográficamente, el tapón del Darién no tiene una frontera como la de Cúcuta, donde hay un puente o una cadena. Es una región de cientos de kilómetros de terreno montañoso, con fauna salvaje e insectos, ríos caudalosos difíciles de vadear y alta presencia de delincuentes e irregulares.
¿Qué le corresponde hacer al Estado panameño? Panamá suscribió el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, primer acuerdo intergubernamental elaborado bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que considera todas las dimensiones de la migración internacional de forma holística. Se basa en la legislación internacional sobre derechos humanos (DH) y reafirma el compromiso de los Estados de respetar, proteger y honrar los DH de todos los migrantes.
Panamá recibe a los viajeros irregulares que cruzan por Darién, en estaciones de recepción migratoria (ERM) donde se les toma sus datos y se les ofrece alimentación y servicios sanitarios, en un operativo único en el continente que involucra el trabajo multidisciplinario de profesionales e instituciones públicas y humanitarias.
En las ERM, la población migrante tiene acceso a agua potable, duchas, baños, cabañas con colchones para descansar y dormir, comida recién elaborada y acceso a servicios de comunicación como llamadas internacionales y conectividad a internet. Asimismo, reciben servicios de salud como atención médica, psicológica y psicosocial por parte de organizaciones humanitarias. El precio del transporte hacia el otro extremo del país debe ser cubierto por cada migrante. Sin embargo, el proceso de llegada y salida de las estaciones es custodiado por el Servicio Nacional de Fronteras y organizado por el Servicio Nacional de Migración, instituciones que velan porque los costes de transporte sean fijos y justos desde las comunidades de llegada en el Darién, hasta la ERM de Los Planes en Chiriquí.
Algunos opinan que Panamá no debe intervenir en el flujo de personas y que es más conveniente que los migrantes recorran el país con total y absoluta libertad. Lo cierto es que tanto para los migrantes como para el Estado panameño, permitir que realicen esta tarea por su cuenta es más riesgoso que beneficioso. Recordemos que Panamá debe velar por el cumplimiento de los DH de cada migrante, tarea que sería casi imposible de realizar al transitar libremente más de mil personas diariamente. El flujo que controlan conjuntamente las instituciones garantiza un halo protector que impide que migrantes sean expuestos a factores externos como el abuso, los robos, la manipulación, la violencia, lo que sí ocurre en otras latitudes cuyos Estados no garantizan un flujo controlado.
Desde Jóvenes Unidos por la Educación consideramos que el Estado panameño debe continuar siendo garante del cumplimiento de la legislación internacional sobre DH. Al honrar lo establecido en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, nuestro país garantiza que haya el respeto efectivo y la correspondiente protección y el cumplimiento de este mandato internacional con relación a los DH de todos los migrantes, independientemente de su situación migratoria, en cada etapa del ciclo, desde su entrada hasta su salida de suelo istmeño. También se reafirma el compromiso de eliminar todas las formas de discriminación, incluidas el racismo, la xenofobia y la intolerancia, contra los migrantes y sus familias.
Nuestro país históricamente ha sido un país de tránsito. Mantener las puertas abiertas es más que una tarea: es una misión.
El autor es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación
