Poco es el entendimiento popular, especialmente de aquellos que trabajan dentro del aparato estatal, sobre el hecho de que sus salarios provienen, en gran medida, del dinero de la deuda externa. El ejercicio de cuestionar la naturaleza del endeudamiento de las finanzas del Estado debe resultar en alarmarnos respecto a las consecuencias socioeconómicas del abultamiento de la deuda pública frente a la productividad de la nación y la independencia financiera de los ciudadanos.
Según cifras de la Contraloría General de la República, la planilla del Estado panameño asciende a más de 5 mil millones de dólares anuales, un costo casi similar al de la ampliación del Canal de Panamá, entidad que, dicho sea de paso, ha logrado pagar casi 2 mil millones de dólares debido a préstamos para la construcción del nuevo juego de esclusas de la vía marítima. El endeudamiento de un país puede ser utilizado como una figura de inversión que, a mediano o largo plazo, le traerá beneficios tangibles a la nación o, por otro lado, como una maquinaria politiquera que no hace más que agregarle un peso al déficit fiscal del Estado y una carga financiera para los contribuyentes.
La emisión de deuda para cubrir gastos corrientes no siempre es la solución más propicia a los innumerables problemas del país. El simple hecho de que el Estado se endeude para pagar más deudas —en este caso, salarios— no es indicativo de inversión, sino de supervivencia institucional.
Esto no quiere decir que no haya trabajos que son requeridos para el buen funcionamiento de las funciones vitales del gobierno; sin embargo, cuando la deuda se vuelve una carga para el futuro de las generaciones que todavía no han comenzado a laborar, estamos condenando el desarrollo de toda la República. Es por eso que no necesitamos de una ecuación muy técnica para darnos cuenta de que el crecimiento desmedido de la planilla estatal no es más que una fuerza disuasiva para el crecimiento de Panamá.
Por otro lado, tanto las leyes que blindan a funcionarios que no complementan la buena operatividad del Estado y sus instituciones como los mecanismos poco eficientes para ejecutar políticas de Estado con miras a más de un quinquenio entorpecen el buen rendimiento de los funcionarios que le sirven al país. Uno de los mayores riesgos que surge con el mercado laboral del sector público es la pérdida de credibilidad financiera internacional por el descontrol sobre las finanzas públicas. Eventualmente, ante situaciones casi incontrolables, el acceso a futuros créditos se ve dificultado por la imposición de condiciones de austeridad más severas; ergo, menos fondos y más recortes para proyectos de inversión en seguridad social, infraestructura o, simplemente, fondos contingentes.
Adicionalmente, esta problemática genera una dependencia ciudadana en lo que a finanzas respecta. Un Estado sobredimensionado no se convierte en más que un empleador, y el ciudadano, en un empleado con falta de sentido y, en muchos casos, con falta de funciones claras. Con un Estado que gasta mucho más en pagar salarios que en invertir en educación, oportunidades de capacitación y de emprendimiento para los jóvenes, o en proyectos de innovación, se deteriora la cultura nacional del trabajo. Una de las razones por las cuales las naciones comienzan a fallar radica en que su capital humano ha perdido la capacidad de innovar y crear; su inspiración carece de aspiración, y la mejor vía para superarse parece venir al “conseguir un trabajo en el gobierno”.
Es vital comprender que la verdadera libertad comienza cuando el individuo puede sostenerse y avanzar sin necesitar de favores estatales, y que trabajar para el Estado debería ser el honor de servirle al país, no servirse de él. Dentro de las alternativas para reenfocar nuestra dirección como país deben estar: mejorar el esquema de incentivos e inversión hacia las PYMES; fomentar la inversión en industrias tecnológicas, agropecuarias y en el turismo; simplificar los trámites en el gobierno, así como los procesos para abrir negocios; y fortalecer las alianzas público-privadas.
El mejor salario debería tratarse sobre aquel que se hace a través de mejores oportunidades, del crecimiento profesional de los individuos, no para completar un ejército de fieles a aquellos políticos que los han nombrado. Todo país se ha encontrado ante la dificultad de atacar los déficits presupuestarios, pero, en el caso particular del Istmo de Panamá, tenemos la gran oportunidad de aprovechar nuestros recursos económicos e industrias para hacer de nuestros ciudadanos más libres, productivos y realmente independientes.
El autor es internacionalista.
