Uno de muchos desafíos en Panamá es la ejecución de políticas públicas, instrumentos que, al ser implementados correctamente, pueden solucionar retos en el corto, mediano y largo plazo. Incluyen planes estratégicos de asignación de recursos, implementación de acciones, gestión de activos de inversión pública y evaluación de impacto y eficiencia del uso de recursos públicos. La apuesta a lograr: desarrollo integral a través de su ejecución, requiere una excelente gestión de recursos, un incremento de la inversión y un estricto apego a la ley. La ejecución de políticas públicas que trascienden gobiernos es indispensable. Diálogos intersectoriales como la Concertación Nacional para el Desarrollo, el Compromiso Nacional por la Educación y el Pacto del Bicentenario plantean políticas públicas para responder a los retos nacionales. Justo debido a la falta de ejecución de estos acuerdos y, como consecuencia de débiles instituciones que no frenan la corrupción, es que han estallado masivas protestas. Son consecuencia de la severa pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos; del uso discrecional de dinero público de manera indiscriminada; del aumento de la deuda pública; del alto costo de la canasta básica de alimentos; del desempleo, del subempleo y de la informalidad; de la inseguridad ciudadana; y de la falta de oportunidades de acceder a educación y a servicios de salud de calidad. Todo ello aunado a la falta de medicamentos en la Caja del Seguro Social y al déficit del sistema de pensiones y jubilaciones, problemas relevantes que afectan la calidad de vida de los panameños.
Las manifestaciones en diferentes puntos del país exigiendo respuestas han provocado disturbios y enfrentamientos entre los agentes del orden público y la ciudadanía, teniendo como resultado, violaciones al derecho al libre tránsito, a la propiedad privada y a los derechos humanos. Un pueblo que exige que sus gobernantes trabajen por el bien común a través de la protesta pacífica debe ser escuchado. Es el momento de demostrar liderazgo político, a fin de fortalecer el buen manejo de la cosa pública, la institucionalidad y el Estado de derecho.
Hay muchos ojos puestos en la mesa única de diálogo que debe ser eficaz, enfocada y ofrecer resultados concretos y coherentes, sin un endeudamiento intergeneracional que perjudique a la juventud. Hay que enfrentar el reto de la falta de credibilidad en las instituciones, en especial, en el sistema de justicia. El ciudadano panameño desconfía que haya certeza del castigo. Es una burla cuándo, quienes cometen estos actos, vuelven a la palestra pública sin que haya consecuencias.
Un reto ciudadano es entender que el discurso del populismo de algunos, promueve antagonismo, genera odio, y pone en peligro la paz social. Los populistas buscan destruir el orden institucional, desafiando leyes, normas y reglamentos. El populismo de paños tibios de bolsas de comida, jamones, materiales de construcción, becas o electrodomésticos insulta la dignidad humana.
Como nación, no es una opción que un gobierno fracase en su gestión: todos seremos afectados. Al gobierno responsable de administrar la cosa pública le corresponde recuperar la confianza ciudadana. Urge la implementación de políticas públicas, respetando las leyes y la Constitución; e involucrando a personas capacitadas, productivas e innovadoras en cargos públicos. Es lamentable que la planilla estatal se utilice para favorecer el nepotismo o copartidarios políticos. Hay que institucionalizar la participación ciudadana como mecanismo que promueve el debate de políticas públicas, necesario en una democracia.
Panamá necesita de políticos que aporten propuestas realistas y apegadas a la ley. Es pertinente recordar la frase de Voltaire: “La política es el camino para que hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria”. Necesitamos memoria para que seamos una nación de principios.
Hoy, se lleva adelante un diálogo que aspiramos tenga impacto en lograr paz social y bienestar. La obcecación no es una alternativa; tampoco discusiones eternas mientras el pueblo sigue sin recibir respuestas
La historia es una gran maestra. No debe haber derramamiento de sangre, violencia o afectaciones de vidas humanas. Como ciudadanos, involucrémonos e informémonos sobre nuestros deberes y derechos y cumplamos con las leyes. Y no permitamos jamás que se ultraje la dignidad humana de quienes exigen una calidad de vida justa.
El autor es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación.
