Luego de algo más de un año y medio de gobierno del “dictador” panameño José Raúl Mulino Quintero, resulta obligatorio realizar un balance de su mandato, caracterizado por una conducta política antipopular y antinacional.
El año pasado, tras imponer la nueva Ley Orgánica de la CSS (Ley 462), procedió, mediante la aplicación del terror policial y judicial, a desarticular y perseguir a los principales dirigentes de organizaciones sindicales y gremiales de obreros y de educadores.
Adicionalmente, como resultado de la geopolítica de hegemonía imperialista del presidente Donald Trump, el “gobierno 100% empresarial” del “dictador” Mulino Quintero suscribió sendos tratados bilaterales que comprometen gravemente la independencia y la soberanía nacional de la República de Panamá, mediante el Memorando de Entendimiento Hegseth-Ábrego y la Declaración Conjunta en Materia de Seguridad Hegseth-Vásquez, ambos de abril de 2025.
El primero ha permitido la reinstalación de tres (3) bases militares en las riberas del Canal de Panamá y otra instalación militar compartida con los estadounidenses en la provincia fronteriza del Darién. Dicho tratado viola el artículo V del Tratado de Neutralidad y el artículo 310 de la Constitución Política, además de no haber surtido el proceso constitucional y legal que corresponde para su debida aprobación.
A través del segundo tratado, la administración de la ACP (“la otra república”) concede el paso gratuito (sin pago de peaje) por el Canal a los buques de guerra de Estados Unidos, en clara contravención del Tratado de Neutralidad y demás reglamentos del Canal de Panamá, sin que tampoco se haya cumplido el proceso constitucional y legal de aprobación de tratados internacionales.
Por otro lado, la política económica y social del gobierno de la plutocracia corrupta y clientelar del dictador Mulino Quintero se fundamenta, al decir del economista Juan Jované, “en las orientaciones de los sectores económicamente dominantes y tiene dos objetivos básicos. En primer lugar, restablecer y ampliar las condiciones de generación y acumulación de capital y, en segundo lugar, restablecer las condiciones de hegemonía ideológica-política sobre la población, deterioradas por la creciente movilización social durante los años 2022 y 2023”. “La misma se intenta desarrollar como una política de choque, que en forma rápida transforme toda la sociedad panameña, a fin de asegurar los objetivos antes señalados. Es así que, en el plano global, se trata no solo de profundizar el estilo de acumulación transitista, sino de añadir al mismo un elemento minero extractivista”.
Finalmente, la acuciante situación del panameño de a pie se ve agravada no solo por las anteriores políticas negativas, sino también por el manejo dilapidador y opaco de los recursos económicos de la República por parte del gobierno Mulino Quintero.
¡Así de sencilla es la cosa!
El autor es abogado y analista político.
