A medida que el conocimiento humano se fue ampliando, los llamados sabios fueron desplazados por especialistas o técnicos. Igual evolución ha sucedido con los grados académicos de letrados, magisterios, bachilleratos, licenciaturas, posgrados, diplomados, magíster y doctorados que en principio, han venido a ser los reconocimientos al estudio e investigación y galardón al conocimiento, a la autoridad académica y científica. Los centros académicos (serios), han tratado siempre de mostrar en sus vitrinas los mejores trofeos intelectuales, culturales, académicos y científicos. Para ello se esfuerzan en tener lo más excelente en cuanto a sus programas de estudios y curriculum vitae de su personal docente. Hoy, desgraciadamente, no se puede generalizar esta nota académica, pues la crisis de la educación nacional; la mercantilización y la sociedad de consumo han mermado esa calidad académica, convirtiendo a las “escuelas” en un negocio de certificados, diplomas y títulos suficientes para decorar muchas paredes o llenar cientos de hojas de vida vírgenes de la básica teoría/práctica que dicen acreditar dichos papeles.
Lo mismo acontecía con los gobiernos criollos que, aun cuando de corte oligárquico, se cuidaban (en algo) de la apariencia y se esforzaban de tener en la Corte Suprema de Justicia lo más pléyade de las ciencias jurídicas del patio (y no es que en ese tiempo no se cocinaban habas), pero en la vitrina de la Corte Suprema se encontraban reputados juristas, profesores e investigadores, cuyas obras forman parte del bagaje cultural jurídico que reposan en las pocas librerías y bibliotecas que quedan en el país.
Ciertamente, designar a alguien para un cargo es, actualmente, difícil, partiendo de la crítica situación de la educación del país, la incultura reinante, la crisis generalizada de valores (incluyendo el “juega vivo”, la corrupción, el oportunismo, la impunidad/chantaje recíproca entre los órganos del Estado, la inmoralidad, la premiación al delito de cuello blanco, al peculado y cohecho, etc.). Esta tarea se hace más difícil si la autoridad política y/o moral de quien designa (y su círculo cero) es cuestionable o ya está públicamente cuestionada. Y qué decir de quienes han de ratificar o avalar tal designación. De la otra cara de la moneda está la del ungido o designado que, también se vive o convive entre estas realidades sociales y que, supuestamente, será sujeto de cuestionamientos referentes a esas realidades sociales para lograr su ratificación al cargo.
De ahí que para la escogencia del candidato se debe hacer con suficiente tiempo de consultas con rectores y decanos de facultades especializadas en la materia, y con gremios de la profesión, para obtener un abanico de los candidatos más aptos (académica/profesional), probos, independientes e impolutos. Esto es, si de verdad hay solo el interés de escoger buenos candidatos. ¿Quién puede ser? Es difícil, pero debe haberlos.
Que el Dios de la vida y de la historia salve a la patria.
El autor es abogado