La Unión Europea (UE) nos golpea en nuestra propia casa. Según su secretario general, no nos van a sacar de las listas si no lo hace el Gafi (esto lo dijo en su visita a Panamá). Una entidad que en el marco del derecho internacional público no tiene ninguna vinculación con nuestro país, a través de un tratado o convenio acorde con el procedimiento establecido en nuestra Constitución Política, peor cuando ni siquiera somos miembro de ella. Pero nos impone “estándares” tan “técnicos”, que ni siquiera el secretario general de la UE los puede explicar o así lo hizo saber.
Imposición consumada a través de la Ley 254 de 2021, que nos relaciona o involucra con la proliferación del financiamiento del terrorismo y de armas de destrucción masiva que, a su vez, son delitos precedentes del blanqueo de capitales, porque dicen que somos “vulnerables”. Pero, inexplicablemente, Panamá no ha exigido una estadística concreta al Gafi que demuestre dicha vulnerabilidad, sencillamente porque no existe. También nos consideran como un factor de “amenaza”, cuando precisamente son algunos de los miembros de la UE los que exportan y proveen armas al Medio Oriente y al resto del mundo y no precisamente a través de instrumentos jurídicos panameños, sino por medio de sus propios mecanismos. Incluso, nos catalogan como factores de “impacto”, cuando en realidad esas guerras impactantes, como la que hoy sucede en Ucrania, están saturadas de armas enviadas por esos mismos países que nos incluyen en sus listas oscuras.
Pero, a pesar de que no existe esa vinculación panameña con el blanqueo de capitales producto del financiamiento del terrorismo ni de armas de destrucción masiva, resulta que somos los denominados “sujetos no financieros” quienes debemos hacer el trabajo que, según la Constitución, compete a las autoridades de instrucción y jurisdiccionales. De hecho, el presidente de la República reconoció públicamente que hacen falta condenas para salir de las listas. Prueba fehaciente que no son los sujetos no financieros o los agentes residentes quienes deben cargar con esta responsabilidad. El fondo del problema es el pobre sistema de justicia que tenemos y que solo ha servido para perpetuar la impunidad, jurisdicción y responsabilidad que no nos competen.
No hay, por consiguiente, una política internacional acorde con los intereses nacionales. Esos que deben interponerse en beneficio propio que, si bien en el contexto de un mundo integrado, tampoco deben deshacernos como país soberano. Simplemente, nuestros gobernantes de hoy nos colocan al final de la fila aceptando todo tipo de perjuicios a nuestro sistema corporativo y financiero. No se ejerce el principio de la reciprocidad, de la igualdad jurídica de los Estados, ni siquiera el de la legítima defensa.
Cuando permites que en tu propio territorio tus invitados te golpeen a mansalva y encima les das la palmada del asentimiento, es porque no existe una dirección diplomática coherente, permanente y consecuente. Y no se trata de pelearnos ahora con la UE, sino hacerles entender, de manera firme y digna en el marco diplomático, el sentir de la nación, alejado del sometimiento incesante y continuado.
De nada servirán los tibios llamados a nuestros “socios estratégicos” de la UE, esperando el apoyo de ellos, el cual ya dijeron no llegará mientras el Gafi nos estruje, a pesar de haber apoyado Panamá la postura de la UE en torno a la invasión rusa a Ucrania. Y en medio, además, de la realidad de tener un tratado de neutralidad concerniente al Canal de Panamá, aunque nos mantenga colocados, paradójicamente, “bajo el paraguas del Pentágono”.
El autor es abogado
