En su comunicado de 13 de mayo de 2020, la Superintendencia de Bancos de Panamá fue enfática, al calificar nuestra inclusión en la lista de la Unión Europea (UE) de jurisdicciones con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales, como desacertada, injusta e inoportuna. La Superintendencia reconoció “los significativos logros alcanzados en el país en estos últimos años, en cumplimiento de los más altos estándares internacionales en materia de prevención del blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo”. Y finalizó con un llamado al Gobierno Nacional, para que, “a través de los canales diplomáticos, actuara conforme a las circunstancias actuales en beneficio de los mejores intereses del país, en general, y en particular, en defensa de los servicios financieros”. Es decir, exigió que el Estado, a través del ámbito de las relaciones exteriores, se parara firme frente a estos ataques injustificados.
Bajo presiones y amenazas, Panamá inicia un desmantelamiento progresivo de nuestra competitividad financiera y corporativa. El 25 de junio de 2020, se expidió el Acuerdo JD-01-2020 de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, por el cual se dictaron disposiciones dirigidas a los profesionales sujetos a supervisión, particularmente abogados y contadores públicos autorizados, para dotarlos de los lineamientos y directrices en la adopción de medidas para identificar, evaluar y entender los riesgos destinados a la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva. Luego se expidió la Ley 254 de 11 de noviembre de 2021, que introduce elementos relacionados con los sujetos obligados no financieros cuando, en el ejercicio de su actividad profesional, realizan en nombre de un cliente o por un cliente, alguna de las actividades sujetas a supervisión. El 2 de diciembre de 2021, la Superintendencia de Sujetos No Financieros dictó la Resolución S-010-2021, que establece el procedimiento para cumplir con la obligación de registro de los sujetos obligados no financieros. Mediante Decreto Ejecutivo 13 de 25 de marzo de 2022, se reglamentó la Ley 129 de 17 de marzo de 2020, que crea el sistema privado y único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas. Para rematar, con el Acuerdo JD-02-2022 de 28 de julio de 2022, se establecieron lineamientos y directrices dirigidos a los profesionales que realizan actividades sujetas a supervisión. Nada de esto, por cierto, y a pesar del daño enorme contra nuestra economía de servicios, ha servido para sacarnos de ninguna lista, ni del Gafi ni de la UE.
El pasado 2 de mayo, Panamá, a través de su canciller, había pedido a la UE su apoyo para sacarnos de las listas de este organismo europeo, por esas aparentes deficiencias en la lucha contra el lavado de activos. Las palabras de la canciller panameña, al término de una reunión con el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el español Josep Borrel, fueron: “Solicitamos el apoyo de la Unión Europea de manera clara en los esfuerzos que adelanta el país para salir de las listas discriminatorias”. Añadiendo: “No puede ser más claro: Panamá es y continuará siendo un país que cumple sus compromisos internacionales y se esmera por elevar la capacidad de sus instituciones en todos los ámbitos y esperamos el apoyo de nuestros socios estratégicos”. Entonces Borrell respondió: “No podemos sacar a Panamá de la lista negra de la UE si antes no lo hace el Grupo de Acción Financiera (Gafi). De hecho, está en la lista de la UE porque así lo ha propuesto Gafi”.
Incluso, la canciller panameña se vio compelida en mayo pasado a citar un estudio del Tax Justice Network, según el cual Panamá no figura entre las 15 jurisdicciones más opacas, donde sí aparecen Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Japón, todos miembros del G7 (ninguno de ellos figura en ninguna lista discriminatoria, ni de Gafi ni de la UE). Afirmando atinadamente la canciller que Panamá ha sido etiquetada injustamente y utilizada como chivo expiatorio, colocándonos en todos los titulares, cuando nosotros no somos el problema. La prueba es que ese mismo estudio responsabiliza a Panamá solamente del 1.4% de los riesgos de secreto financiero de todo el mundo.
A pesar de todo lo anterior, de haber demostrado firmemente la canciller los avances indiscutibles de Panamá en sus compromisos internacionales para salir de las listas discriminatorias, a pesar de haber explicado que Panamá está muy lejos de estar entre los responsables de mayores riesgos de secreto financiero mundial, a pesar del firme comunicado de la Superintendencia de Bancos, a pesar de haber solicitado al alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que nos sacara de las listas discriminatorias y a pesar de que este, en nuestro propio país, se negó a sacarnos utilizando como justificación la lista del Gafi, resulta que la canciller, como despedida al embajador de la UE en Panamá, lo condecora con la Orden Manuel Amador Guerrero. Una total pusilanimidad diplomática ante quien nos agrede y ataca como Estado soberano.
El autor es abogado.
