En un país donde la institucionalidad se encuentra en un permanente estado de sospecha, poco sorprende que una vez más el órgano encargado de crear las leyes decida ignorarlas. Esta vez, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, mantiene la tradición de su antecesora, Dana Castañeda: conservar en planilla a los diputados suplentes, en abierto desafío a un fallo de la Corte Suprema de Justicia que lo prohíbe desde 2017.
El cinismo es doble: no solo se reincide en la práctica ilegal, sino que se premia con aumentos salariales. Mientras los ciudadanos financian, con sus impuestos, la nómina de 52 diputados suplentes convertidos en “asistentes técnicos”, estos cobran como si ejercieran la curul que no les corresponde. Y por si fuera poco, algunos han recibido jugosos aumentos en los últimos meses. Porque, claro, el hambre se entiende: todos tenemos que comer… y nadie aguanta la paila volteada por cinco años. Mucho menos sin carro oficial, sin tarjeta de crédito ni las demás prerrogativas que brinda estar emplanillado como parlamentario, una condición que, al parecer, garantiza vivir decorosamente como un ciudadano de primera categoría.
Pero no. No se trata de una necesidad, sino de una burla institucional. Cuando quienes han sido electos para hacer cumplir la ley optan por desobedecerla, no solo se deslegitiman: se vuelven moralmente reemplazables. Porque nadie fue elegido para ejercer el “juega vivo”, y ningún argumento que pretenda justificarlo bajo el disfraz de “apoyo operativo” o “complemento político” puede ser tolerado. La Corte fue clara: el suplente solo devenga salario cuando ocupa la curul en funciones legislativas. Todo lo demás es trampa.
Los que hoy cobran sin cumplir esa función sabían perfectamente a lo que se comprometían cuando aceptaron ser suplentes. Nadie los engañó. El cargo —por definición— es de suplencia, no de permanencia. Por eso, lo que ahora llaman “limbo jurídico” no es más que una excusa para mantener un privilegio a costa del erario.
Y aquí entra el elemento más perverso del sistema: esta práctica es transversal. No es monopolio de una bancada ni de una ideología. La mayoría de los partidos políticos están involucrados. Es decir, no estamos frente a un error aislado, sino ante una estructura de complicidades que refuerza la impunidad. Una impunidad que, para colmo, se institucionaliza desde el corazón mismo del poder legislativo.
La ciudadanía no puede seguir siendo espectadora resignada. No basta con indignarse cada cinco años. Debemos recordar que quienes eligen a los suplentes son los principales. Cada vez que marcamos una casilla, avalamos también al compañero de fórmula. Si este es el resultado, entonces no solo deben ser considerados los que ahora cobran sin derecho, sino también quienes los designaron. Porque la injusticia de hoy fue una elección de ayer.
Las reglas no pueden ser selectivas. Si la Corte ha fallado, se cumple. Punto. Ningún poder del Estado está por encima de la ley, y mucho menos aquel cuya función primordial es respetarla y hacerla respetar. No hay margen de interpretación cuando el mensaje es tan claro.
A los diputados suplentes que hoy lamentan su condición: tengan paciencia. En las próximas elecciones, los ciudadanos conscientes haremos lo posible por evitarles semejante penuria. Que no sufran más la humillación de no tener salario, tarjeta o viático. Porque nada es más decoroso —ni más urgente— que volver a dignificar la política.
El autor es máster en Administración Industrial.
