La semana pasada, Transparencia Internacional (TI) dio a conocer, desde Londres, el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2017 para 180 países y territorios. Los resultados son desalentadores: dos terceras partes de los países evaluados están por debajo de la media, lo que hace de la corrupción un problema global de graves repercusiones para millones de personas en todos los continentes.
Aquí, en la región del mundo donde nos encontramos, las huellas de la corrupción y sus nefastas consecuencias están por todos lados. Odebrecht es tal vez el caso más dramático, pero no es el único, y el índice da cuenta de ello: solo Uruguay, Chile y Costa Rica sacan buenas notas.
En el caso de Panamá no hubo sorpresa. Las seis fuentes internacionales utilizadas en la medición nos mantienen en una posición que nos ubica 13 puntos por debajo de la media (37), así como en una lejanía abismal de los países que ocupan los mejores lugares y que incluyen a Nueva Zelanda (89), Dinamarca (88), Finlandia (85), Noruega (85), Suiza (85) o Singapur (84). Desde 2012 estamos empantanados, subiendo o bajando tan solo uno o dos puntos, lo que no implica en realidad cambio significativo alguno.
¿Cómo es posible esta situación, si gracias al voto popular los panameños sacamos del poder a la mafia que utilizó toda la estructura gubernamental para montar una red de negocios? ¿Cómo es posible que estemos igual si el Ministerio Público adelanta investigaciones que involucran a casi todos los altos cargos del gobierno de Ricardo Martinelli, así como a sus cómplices en el sector privado? ¿Cómo se entiende que no avancemos si hasta el jefe de esa mafia, el expresidente Martinelli, está preso en una cárcel en Miami a la espera de que culmine el proceso de extradición?
La respuesta es simple: porque ser corrupto o no sigue dependiendo en Panamá de la voluntad de quien detente el poder, y no de un sistema que prevenga, controle y fiscalice a las autoridades en el ejercicio de la función pública. En otras palabras, porque la discrecionalidad y el poderoso presidencialismo goza de muy buena salud en Panamá.
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de TI, viene empujando hace ya 20 años una agenda de reformas para crear un sistema nacional de integridad que permita enfrentar eficientemente la corrupción y, de paso, lograr que quienes nos evalúan constaten que los avances son institucionales y no sometidos a la voluntad de un “buen gobernante”. Y en esa guerra hemos perdido muchas batallas —conflictos de intereses, protección a denunciantes, declaración de bienes como instrumento eficiente para detectar enriquecimiento no justificado, etc.— y ganado algunas otras, como la ley de transparencia y acceso a la información aprobada en 2002.
Hoy tenemos esa herramienta que en teoría facilita el acceso a la información pública y, tras las reformas constitucionales de 2004, contamos además con el recurso de habeas data. Sin embargo, la cultura de transparencia no ha calado en nuestra administración pública, y cada búsqueda de información es un vía crucis en el laberinto burocrático. El último y escandaloso ejemplo es la información sobre el uso de 80 millones de dólares en contratos y supuestos apoyos comunitarios por parte de la Asamblea Nacional. Ni siquiera una orden de la Corte Suprema, ni los reiterados llamados de la Autoridad de Transparencia han podido con el cinismo legislativo.
Y no hablemos de la justicia, porque ese solo tema sería motivo suficiente para explicar nuestro estancamiento en el IPC. La historia del magistrado José Ayú Prado y su meteórica llegada a la Corte Suprema de Justicia en tiempos de Ricardo Martinelli, su doble presidencia viajera y su consistente negativa a implementar la carrera judicial, ilustra perfectamente la situación.
El tema, pues, es claro. A pesar de las promesas y los discursos, seguimos con la misma ley de contrataciones públicas que la pasada administración reformó y reformó hasta tener el instrumento perfecto para agilizar el robo a la Nación. Seguimos con la discrecionalidad del Ejecutivo, que permite que millones sin justificación pasen a ser parte del claramente opaco presupuesto a disposición de los diputados.
Ahora, tres años después de que los medios revelaran el esquema de corrupción y complicidad que permitió la reelección de tantos diputados y otras autoridades locales y con los delitos electorales prescritos, el contralor general de la República, Federico Humbert, finalmente corrobora el modus operandi usado por todos en cada junta comunal del país. Y todo en medio de una peligrosa crisis institucional.
Hay muchos millones de diferencia entre los hallazgos del contralor y la cifra revelada por una investigación de este diario sobre el manejo reciente de la Asamblea. Lo que no ha cambiado es la negativa a rendir cuentas, el cinismo de todos los actores y la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos. Allí está la clave de nuestra mala nota.
La autora es periodista, abogada y presidenta del capítulo panameño de TI