En su último informe a la nación, el presidente de la República guardó silencio respecto a los $18,000 millones de aumento de la deuda externa del Estado panameño, en lo que va de su período presidencial. Más de lo que aumentaron los tres últimos presidentes -Torrijos, Martinelli y Varela- juntos.
Guardó silencio respecto a la inexistencia de ahorro corriente en los últimos presupuestos que han elaborado. Guardó silencio respecto a la deuda obtenida, todavía, para pagar planilla, subsidios y gasto corriente, frente a la necesidad de conocer a ciencia cierta cuánto puede aguantar el Estado panameño esta gastadera irresponsable. Guardó silencio respecto a cómo puede el desempleo estar en 9.9%, si todavía se le entregó vale digital a más de 159 mil panameños en enero 2023 porque no tienen trabajo (entrega que se pretende repetir en el mes de febrero), pero que no son considerados de manera conveniente e imprudente dentro del grupo de desempleados. Guardó silencio respecto a que, si en su gobierno se han dejado de percibir, según él, unos $4,477 millones de dólares por culpa del coronavirus, de los dos huracanes en Chiriquí y de la invasión rusa a Ucrania, en plena pandemia (y todavía) se siguió contratando gente en el gobierno, se siguieron pagando gastos de representación a todos los funcionarios, se siguieron ejecutando contratos de asesoría de desconocida procedencia y se siguió aumentando de manera desmedida e indiscriminada el presupuesto de la Asamblea Nacional.
La deuda pública panameña ha cerrado en diciembre 2022 en $44,274 millones, que, si se compara con el año anterior, sería un aumento de $3,786.3 millones. Y una de las razones de este aumento ilimitado y continuo, es el desbalance deficitario permanente de las cuentas públicas, porque los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos. Entonces el déficit se cubre con deuda.
En febrero de 2022, el ministro del MEF transmitió optimismo al decir que el gobierno proyectaba un ahorro de $1,050 millones, porque los ingresos corrientes, que calculó en $10,224 millones, superarían el estimado de los gastos del gobierno central, que promedió en $9,174 millones. Y con ese 9% de ahorro de los ingresos corrientes (tributarios y no tributarios), se financiaría el 32% de las inversiones del gobierno. Pero la realidad parece ser otra. A septiembre 2022, el sector público no financiero (SPNF) acumulaba un déficit de $3,527.3 millones. El déficit fiscal equivalente al 5.17% del PIB (cuando el tope aprobado en la ley es de 4%).
El balance primario es el resultado de descontar en su orden, a los ingresos totales del SPNF ($8,205.6 millones), los gastos corrientes del gobierno central ($7,908.1 millones, sin incluir intereses) y los gastos de capital ($2,712 millones), siendo ese balance primario de menos $2,414.5 millones, por lo que el ahorro corriente resultante, al considerar ingresos y gastos corrientes, era negativo a septiembre 2022 por $803.2 millones, habiéndose gastado hasta septiembre de 2022 en intereses y comisiones $1,370 millones, lo que limita la capacidad del gobierno para generar inversión social, cuyo fortalecimiento depende más del crecimiento económico y de la generación de empleos, principalmente los formales porque generan renta pública o impuestos directos.
Pero ante una informalidad laboral en el 48.2% y un porcentaje de funcionarios que raya en el 17% y cuyos impuestos no son dinero fresco porque sale de un bolsillo al otro, le queda muy poco margen al empleo formal que declara renta y paga seguro social, para cargar con los ingresos corrientes del Estado y con la salvación del IVM. Aparte de que el importante crecimiento económico panameño, el más alto de la región, se focaliza en segmentos que no generan gran cantidad de empleos, como lo son el Canal de Panamá y la minería. Y los seis sectores que generan dos tercios de los empleos privados en Panamá (construcción, comercio, logística, industria, hoteles/restaurantes y otros servicios) ahora solo producen empleo informal, dejando de ser atractivos para la inversión privada. En la última década (2012-2022), el crecimiento en conjunto de sus colaboradores ha sido 100% informal.
Finalmente, los ingresos corrientes del gobierno gentral, al término de 2022, totalizaron $9,092 millones. Si bien un sustancial aumento de $1,584 millones o 21% más que el año anterior se queda corto en $376.5 millones de lo calculado por el gobierno en el presupuesto de 2022. Pasa lo mismo con el impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (ITBMS) que, con $865 millones en recaudación, aunque aumenta en $155 millones o 21.9% sobre el año anterior (2021), presenta un déficit de $308 millones o 26.3%, cuando se compara con lo presupuestado. Es decir, se siguen aprobando presupuestos alejados de las recaudaciones reales, lo que compele a la necesidad ardorosa de tener que inflar gastos, los cuales generan mayor deuda pública. La pregunta es hasta cuándo aguantaremos.
El autor es abogado
