Pregunta recurrente cada vez que cortan un árbol, denuncian un relleno o cantera ilegal, o como sucedió más recientemente, cada vez que se incendia Cerro Patacón. Aparentemente ante la ausencia de la Autoridad Ambiental frente a los delitos ecológicos recurrentes y casi cotidianos, la desesperación ciudadana canaliza su frustración en aquellas personas, grupos u organizaciones que han denunciado, protestado y tomado acciones ante tales hechos – a nivel de comunidades y/o a nivel nacional- en el pasado.
Pero analicemos las circunstancias.
En Panamá la presencia de organizaciones ambientales es de hace ya varias décadas, sin embargo hasta los primeros años del 2000-en general, salvo algunas excepciones- la presencia de éstas fue más que todo de carácter institucional, de investigación y generación de conocimiento que sirvieran para respaldar la toma de decisiones políticas y técnicas, de cara a la conservación de los recursos naturales panameños. Con la pretensión del “camino ecológico” de la entonces presidenta Mireya Moscoso, afectando el Parque Internacional La Amistad (PILA), las comunidades, estudiantes de biología de la Universidad de Panamá y algunas organizaciones de la época, empieza a transformarse el conocimiento ambiental en reclamo y protesta ciudadana. Luego siguieron las luchas en defensa del Parque Nacional Camino de Cruces, del Cerro Ancón, contra el Delfinario en el pacífico panameño y la emblemática lucha en defensa de los manglares de Bahía de Panamá, entre muchas otras.
Pero fueron las luchas contra la minería metálica a cielo abierto y las mega hidroeléctricas –desde la primera década del 2000- que hicieron de estos movimientos, casi de origen comunitario en defensa de territorialidades locales, grandes movilizaciones de defensa ambiental. Los mayores líderes: las comunidades originarias, en defensa de la única forma de vida que conocen relacionada directamente a su conexión con la Madre Tierra.
A partir de entonces el resurgir de liderazgos, movimientos y organizaciones, de la mano con todo el despertar internacional a partir de la mayor toma de conciencia del cambio climático y sus consecuencias, se convierte en algo ya cotidiano. Por eso la lucha contra el contrato minero el pasado 2023, no se puede ver como un movimiento de combustión espontánea y mucho menos como una lucha anti gobierno, como muchos políticos o adeptos a la minera, pretendieron hacerlo ver. Tenía suma de muchos ingredientes, pero de una profunda raíz ambiental y en defensa de la Tierra, como nunca antes se vio.
Por la fuerza demostrada entonces y ahora, además que fue la masiva participación en la calle lo único que hizo que el gobierno escuchara, algunas personas cómodamente ante cada desorden ambiental, mala disposición de basura o el desastre administrativo y ambiental de Cerro Patacón, se preguntan ¿Dónde están ahora los ambientalistas?.
Conscientes o no que al pretender que la defensa de la institucionalidad ambiental se haga para todo y en todo momento en y desde las calles, es la mayor muestra de un Estado fallido, que en medio de una crisis ambiental planetaria, no es capaz de cumplir con sus funciones mínimas de gestión ambiental y de salud pública.
Serán conscientes quienes invocan a los ambientalistas como a los avengers o a Chespirito, están trasladando su responsabilidad de actuar como ciudadanos en defensa del bien común, a otros ciudadanos, que más allá de nuestras profesiones (ambientalista NO es una profesión) asumimos esa tarea porque comprendemos que una vez que se tiene el conocimiento y acceso a la información, es una responsabilidad compartirla, ponerla en práctica y vivir con las consecuencias.
Todos respiramos, necesitamos agua y vivir en un ambiente saludable, que el reclamo ante la falta de estas condiciones sea a quienes les pagamos por asumir con nuestro voto o el mandato administrativo, esa responsabilidad; que el reclamo no sea a otro ciudadano o ciudadana como tú o como yo, que también debería tener ese derecho, sin tener que salir a exigirlo en la calle, porque el sistema debería funcionar para todos. Si no funciona, tenemos que cambiarlo y eso también es responsabilidad de todos.
La autora es arquitecta y activista ambiental.
