Panamá llega al segundo aniversario del gobierno del presidente Mulino con una economía más ordenada y un Estado más decidido, pero todavía con déficits serios en institucionalidad, diálogo social, desigualdad, transparencia y confianza pública.
Mulino recibió un país golpeado por cinco grandes asuntos: el cierre de Cobre Panamá, la crisis fiscal, la presión sobre la CSS, la sequía que afectó al Canal y la crisis migratoria por Darién. En su discurso de posesión en Atlapa, el 1 de julio de 2024, reconoció que recibía el país en peores condiciones que en el período 2009-2014 y prometió: “Continuar lo que estaba bien, cambiar lo que no funcionaba y hacer lo que faltaba”.
En 2024, el tránsito por Darién aún fue muy alto: más de 300,000 migrantes cruzaron, aunque ya era una caída frente al récord de 2023. La economía venía afectada por el cierre minero y el FMI señaló luego que Panamá estaba en recuperación tras ese impacto.
Hoy, 1 de julio de 2026, dos años después, el balance de su gestión es mixto. En lo económico, Panamá ciertamente muestra recuperación: el Banco Mundial indica que el déficit fiscal del sector público no financiero bajó de 7.4% del PIB en 2024 (unos 6,400 millones de dólares) a 3.7% en 2025, aunque la deuda pública llegó a cerca de 65.6% del PIB a diciembre de 2025. El FMI proyectó un crecimiento de 4.5% para 2025, con inflación negativa o muy baja, pero advirtió riesgos fiscales. Para el primer cuatrimestre de 2026, continuó descendiendo hasta 1.46% del PIB.
El Canal recuperó su normalidad operativa tras la sequía provocada por el fenómeno de El Niño, que obligó a disminuir a 24 el número de tránsitos de buques, desde 36-38. En el primer trimestre de 2025 aumentaron los ingresos por peajes y el tránsito de naves frente al año anterior, gracias a la recuperación de los niveles de Gatún y Alhajuela. Pero el problema estructural del agua sigue abierto; la ACP impulsa el reservorio de Río Indio como solución estratégica, con oposición de comunidades afectadas.
¿Qué aciertos destaco en dos años?
Acierto 1: disciplina fiscal inicial.
El gobierno puede exhibir una reducción importante del déficit fiscal y un presupuesto para 2026 que, según Presidencia, busca un superávit primario.
Acierto 2: reforma de la CSS, aunque imperfecta. La Ley 462 fue sancionada en marzo de 2025 y mantuvo la edad de jubilación en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. Puede verse como un acto de gobierno frente a un problema que muchos gobiernos postergaron.
Acierto 3: control del flujo migratorio por Darién. El Gobierno cerró trochas y endureció la política migratoria; el Ministerio de Seguridad reportó una reducción de 93% en enero de 2025 frente al mismo período de 2024.
Acierto 4: defensa pública de la soberanía del Canal. Ante declaraciones de Estados Unidos sobre peajes y control del Canal, Mulino negó un trato preferencial y defendió la autoridad panameña sobre la vía.
Acierto 5: manejo más técnico del tema minero. El gobierno ha evitado una reapertura precipitada de Cobre Panamá y, en 2026, una auditoría independiente dio una calificación general positiva, aunque señaló pasivos ambientales.
¿Qué errores tuvo en estos dos años?
Error 1: falta de diálogo social.
La reforma de la CSS y otros temas provocaron protestas de docentes, sindicatos y organizaciones sociales. El problema no es solo aprobar reformas, sino construir legitimidad.
Error 2: institucionalidad aún débil. El país sigue arrastrando desconfianza hacia la Asamblea, los partidos, la justicia, la descentralización y el uso de fondos públicos. En mi opinión, el gobierno ha ordenado algunas cuentas, pero no ha reconstruido plenamente la confianza.
Error 3: la mina sigue siendo una herida nacional. Aunque hay auditorías y arbitrajes suspendidos, el país no tiene aún una política minera nacional clara, constitucionalmente sólida, ambientalmente creíble y socialmente aceptada.
Error 4: seguridad hídrica sin consenso territorial. Río Indio puede ser necesario para el Canal y el consumo humano, pero si se maneja mal, puede convertirse en otro conflicto socioambiental.
Error 5: recuperación económica sin suficiente justicia social. Panamá crece, pero mantiene desigualdades territoriales importantes; el Banco Mundial recuerda que el dinamismo económico convive con desigualdades sociales y territoriales significativas.
Si tuviese que definir estos dos años, diría que Panamá está hoy mejor que el 1 de julio de 2024 en orden fiscal, control migratorio y recuperación logística; pero no está mejor en confianza ciudadana, diálogo democrático, equidad social ni visión institucional de largo plazo. Considero que el gobierno debe trabajar en recuperar la confianza de los ciudadanos y en mejorar el carisma.
La situación es como la del padre de familia que consigue amortizar el pago de la hipoteca de la casa, del préstamo del auto y está al día en sus deudas de tarjetas de crédito; incluso los bancos le quieren prestar dinero por su buena calificación financiera y, por fin, se sienta feliz a ver los juegos del Mundial. Pero tiene un hijo joven sin trabajar porque no consigue empleo (el desempleo juvenil ronda el 20 %); otro hijo que tiene empleo, pero informal (la tasa de informalidad ronda el 47%); no encuentra medicinas para la enfermedad congénita de sus suegros; otro hijo no termina los estudios porque no hay clases; otro hijo no puede ir a la universidad porque no recibe beca, pues el IFARHU está bajo investigación; otro no consigue cita médica en la CSS; ha aumentado el crimen en la barriada; y el agua del IDAAN no les llega con frecuencia. Sí, hay control fiscal en su casa, pero este se ve oscurecido por el déficit social y la falta de paz en su familia.
El segundo aniversario del gobierno no debe medirse solo por obras, cifras o comunicados oficiales. Debe medirse por una pregunta más profunda: ¿ha recuperado Panamá la confianza en sus instituciones? La respuesta, por ahora, es parcial. Hay avances, pero todavía no hay un pacto nacional. ¿Y usted, estimado lector, está mejor que hace dos años? Para los años venideros, la sabiduría popular tiene la respuesta: amanecerá y veremos.
El autor es profesor e investigador, de la Universidad de Panamá, SNI-Sistema nacional de Investigación (SENACYT)
