Cinco años después de aquellas denuncias que nos estremecieron como país en 2021, hoy volvemos a escuchar palabras que pensamos que nunca más tendríamos que repetir en conjunto: abuso, negligencia, hacinamiento, omisión. Niños. Adolescentes.
Volvemos a ver titulares que hablan de albergues, de niños vulnerados, de adolescentes desprotegidos. Y la pregunta obligada, que duele —y mucho—, es: ¿qué pasó en estos cinco años?
Es inaceptable que estemos otra vez aquí.
Es inaceptable que niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del Estado sigan padeciendo los mismos sufrimientos, viviendo en condiciones que no promueven su bienestar ni su desarrollo integral. Como si no tener una familia que los contenga, que los abrace cada noche, que los defienda sin titubeos, no fuese ya suficiente carga para un corazón pequeño.
Como país no podemos normalizar lo inaceptable. Esta frase debería resonar en cada despacho, en cada oficina pública, en cada espacio donde se toman decisiones. Porque cuando la indignación se vuelve rutina, cuando el escándalo dura lo mismo que el ciclo de noticias, cuando el país suspira y sigue, estamos aceptando lo que jamás debimos aceptar.
Como pediatra, no elegiría estos lugares para el cuidado de ningún niño. No son el entorno ideal para un crecimiento y desarrollo saludables. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha sido enfático: la institucionalización debe ser la última opción y por el menor tiempo posible, porque ningún espacio sustituye el cuidado estable y afectivo de una familia. Los niños necesitan vínculos seguros, estabilidad emocional, adultos que los miren como prioridad absoluta, no como un expediente más.
Pero más allá de mi rol profesional, escribo hoy como mamá.
Y como mamá me duele profundamente la indolencia. Me duele la capacidad de algunos funcionarios públicos de mirar hacia otro lado, de hablar en términos administrativos cuando lo que está en juego son vidas. Me duele escuchar, una vez más, que se hará “una revisión interna”, que se “exigirán informes”, que se “vigilará el cumplimiento”.
Los informes no abrazan. Los informes no protegen. Los informes no cambian la vida de esos niños que esta noche volverán a dormir en un lugar que no eligieron y que no los protege.
Basta ya de diagnósticos repetidos.
Lo que se necesita no es una nueva lista de hallazgos, sino medidas urgentes y efectivas. Decisiones concretas que garanticen derechos, que aseguren protección real, que devuelvan a esos niños y adolescentes a entornos seguros y dignos. La niñez no puede esperar a que pasen los procesos administrativos ni a que se acomoden las agendas políticas.
Como sociedad también tenemos responsabilidad. No podemos indignarnos solo unos días y luego cambiar de tema. No podemos permitir que el ruido del entretenimiento tape el silencio incómodo de quienes no tienen voz. No podemos acostumbrarnos a que los más vulnerables sigan pagando el precio de la ineficiencia o la desidia.
Porque cuando el Estado falla en proteger a quienes están bajo su custodia, no estamos ante un simple error de gestión. Estamos ante una falla moral.
Ojalá este tema no quede en el olvido durante y después de los carnavales. Ojalá los responsables hagan su trabajo a pesar de los días libres, de los descansos, de las celebraciones. Los niños no viven en pausa. Su sufrimiento, su dolor, no se detienen por el calendario.
Los niños no son solo el futuro.
Lo que está en juego es el presente del país.
Y la forma en que un país cuida y defiende a sus niños revela —sin discursos ni comunicados— cuáles son realmente sus valores y prioridades.
La autora es pediatra.
