El 17 de febrero, Perú volvió a quedarse sin presidente. Lo que en cualquier democracia supondría una crisis excepcional, en el caso peruano se ha convertido en un episodio recurrente. Desde 2016, ningún mandatario ha logrado completar su período. La inestabilidad ya no es un accidente del sistema político: es su rasgo dominante.
José Jerí, quien era presidente de la Mesa Directiva del Congreso cuando Dina Boluarte fue reemplazada, asumió la presidencia conforme al orden constitucional por un período de 130 días. Jerí había ingresado al Congreso como accesitario tras la inhabilitación de Martín Vizcarra. Durante su breve gestión intentó proyectar una imagen de liderazgo firme, visitando centros penitenciarios y adoptando una retórica centrada en el orden y la seguridad. Sin embargo, su popularidad se erosionó rápidamente.
La encuestadora Ipsos registró un 60% de desaprobación, en un contexto marcado por cuestionamientos públicos, como reuniones con empresarios chinos, denuncias de violación y el deterioro de los indicadores de seguridad ciudadana. Si bien las razones esgrimidas por los congresistas para su destitución se vincularon a estos episodios, su salida también forma parte de una estrategia política de los partidos con miras a las próximas elecciones. Tras su destitución, José María Balcázar, congresista de izquierda de 83 años —conocido por su polémica postura en torno al matrimonio infantil— asumió la presidencia.
Uno tras otro
El último jefe de Estado que culminó su mandato fue Ollanta Humala (2011-2016). Desde entonces, la sucesión ha sido acelerada. Pedro Pablo Kuczynski renunció tras poco más de año y medio de gestión, presionado por un Congreso controlado mayoritariamente por el fujimorismo. Su vicepresidente, Martín Vizcarra, asumió tras la renuncia, pero fue destituido mediante la figura de la “vacancia presidencial”. Manuel Merino, entonces presidente del Congreso, asumió el cargo conforme al orden constitucional, pero renunció cinco días después, tras intensas protestas sociales en las que murieron dos jóvenes. Francisco Sagasti completó la transición hasta las elecciones de 2021. Pedro Castillo, elegido ese año, fue destituido luego de intentar disolver el Congreso. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió la presidencia y, tras frágiles pactos con el Legislativo, también fue vacada.
Más allá de los nombres y los días que cada uno permaneció en el poder, lo relevante es que Perú enfrenta una fragilidad institucional que permite la destitución frecuente del jefe de Estado. La Constitución contempla la figura de la “vacancia por incapacidad moral permanente”, que faculta al Congreso a declarar la destitución del presidente con el voto favorable de dos tercios de sus miembros (mayoría simple en el caso de censura al presidente de la Mesa Directiva del Congreso). Se trata de un mecanismo excepcional, pensado para situaciones extremas; sin embargo, en la práctica, se ha convertido en una herramienta de presión política. La expresión “incapacidad moral permanente” es lo suficientemente ambigua como para admitir múltiples interpretaciones.
En los últimos años ha sido invocada por motivos diversos, desde acusaciones de corrupción hasta cuestionamientos políticos, sin que exista un estándar jurídico claramente delimitado.
Esta inestabilidad tiene consecuencias concretas. Las políticas públicas requieren continuidad, planificación y coordinación interinstitucional. Cuando los gobiernos se suceden con rapidez, los equipos ministeriales cambian, las prioridades se redefinen y las reformas estructurales pierden impulso. Problemas complejos como la inseguridad ciudadana, la informalidad económica o la precariedad de los servicios públicos difícilmente pueden abordarse con eficacia en un entorno donde la supervivencia política se convierte en el objetivo inmediato.
Por otro lado, no hubo una reforma constitucional que alterara formalmente el equilibrio de poderes tras 2016. Lo que cambió fue la forma en que los actores políticos decidieron utilizar los instrumentos disponibles. La vacancia pasó de ser un recurso extraordinario a convertirse en una amenaza constante contra presidentes sin mayoría parlamentaria. En este contexto, la estabilidad del Ejecutivo depende menos de criterios jurídicos que de una aritmética legislativa. A ello se suma que, tras la disolución del Congreso durante el gobierno de Martín Vizcarra, el Legislativo ha buscado reforzar sus atribuciones, limitando, por ejemplo, la posibilidad de disolución futura.
Lo que realmente necesita el país
Una reforma política de fondo resulta indispensable. Fortalecer el sistema de gobierno y el sistema de partidos es condición necesaria para reducir la fragmentación y la confrontación permanente. Sin embargo, modificar las reglas no es suficiente. La experiencia reciente demuestra que es fundamental un compromiso genuino de las élites políticas con la estabilidad democrática.
En 2018, el entonces presidente Martín Vizcarra impulsó un paquete de reformas sometido a referéndum. Aunque contó con participación ciudadana, parte de su contenido se diluyó en el proceso legislativo posterior y no logró generar los cambios estructurales esperados.
En los próximos meses, Perú volverá a las urnas para elegir presidente y vicepresidentes, así como a los miembros del Senado y de la Cámara de Diputados. Ante la debilidad institucional que caracteriza al país, surge una pregunta inevitable: ¿es determinante quién ocupe la presidencia si las reglas del juego permiten que su mandato sea interrumpido con relativa facilidad?
El contexto sugiere que la estabilidad del sistema no depende únicamente de la figura presidencial, sino del diseño y funcionamiento del conjunto institucional. Sin ajustes en ese marco, el riesgo de que la historia vuelva a repetirse seguirá presente.
La autora es politóloga.
