Esta es la época del año en la que toca evaluar el quehacer de los últimos 12 meses en nuestra vida personal, la de nuestra familia, amigos y allegados, las empresas, las instituciones, los gremios, el sector gubernamental y la economía del país.
Hay un consenso bastante generalizado entre los analistas oficiales y privados, nacionales e internacionales, que la actividad económica medida por el producto interno bruto (PIB) real (eliminando el efecto del aumento en precios) se expandió a un ritmo del orden del 5.5%, décimas más o menos. El ciudadano común, lego en esta materia, se preguntará si eso es bueno o malo. Para ello podemos compararlo con otros países y con nuestra propia trayectoria. Según los organismos internacionales, el 5.5% de crecimiento del PIB sería el más elevado de este continente y, a nivel mundial, solo inferior al de la China y la India, o de algún país africano que se me escapa del radar.
Comparado con el quinquenio terminado en 2014, ese ritmo de expansión equivaldría a una reducción del 35% en la velocidad de marcha. Imagínese, lector, que transita en su vehículo a una velocidad algo superior a los 90 kilómetros por hora y tiene que reducirla a 60 kilómetros al entrar en una zona poblada y siente que se desplaza muy despacio. Así es la sensación de estancamiento que sienten muchos compatriotas, ya sean consumidores, empleados o comerciantes.
Otra parte de la explicación está en ¿cómo se descompone el crecimiento entre los distintos sectores? La actividad de mayor crecimiento fue la de transporte (Canal, puertos y aviación) y comunicaciones, seguido por la construcción, la minería (principalmente minerales no metálicos para la producción de materiales de construcción) y la educación.
El sector financiero y los servicios sociales crecieron algo más del 4% y los demás estuvieron por debajo del 4%; el comercio solo creció 2.8% y el comercio al por menor se contrajo. La industria manufacturera y la agricultura se expandieron apenas algo más del 1% y la pesca cayó. Ello. del lado de la oferta o producción, mientras que, del lado de la demanda, el consumo de los hogares también disminuyó, sugiriendo que las familias tuvieron menos ingreso disponible para comprar al mismo tiempo que obtuvieron menos crédito del sistema financiero, al igual que el comercio. En síntesis, tanto los consumidores como el comercio al detal han tenido un mal año y de allí el malestar que muchos expresan. Además, el desempleo abierto subió al 5% de la población activa en 2017, versus un promedio de 3% en 2011-2013, según datos de la Contraloría.
Eso, en cuanto al desempeño del año que fenece, pero ¿dónde está la economía en términos generales? El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el PIB per cápita de Panamá ajustado por la paridad de poder adquisitivo (PPA) para hacerlo comparable, sería este año de $24,260, el segundo más alto de la América Latina, apenas 1.3% menos que los $24,590 de Chile; y, si se mantiene el diferencial de ritmos de crecimiento del PIB per cápita de ambas economías, pasaríamos en pocos años a tener el nivel más alto de la región. Ciertamente que los panameños no percibimos esto en lo que sentimos, vivimos, observamos y en lo que nos dicen muchos otros indicadores de bienestar económico y social del país. Incluso, visitar esos países de ingresos relativamente altos, Argentina, Chile o Uruguay, confirma la percepción de que el bienestar relativo de ellos es mayor que el nuestro.
Y es que, al mismo tiempo que vemos esas halagadoras cifras, debemos examinar la distribución del ingreso y otros indicadores de bienestar. El coeficiente GINI resume en un solo dato la bondad o inequidad de la distribución del ingreso de la sociedad, midiendo la magnitud de la diferencia entre una distribución equitativa y la que prevalece en un momento dado. Panamá tiene uno de los índices GINI más elevados o peores de la región, superior al de Chile, Uruguay y Argentina, y del mismo nivel que Brasil y Colombia; estamos entre los 15 países con peor distribución entre 154 países. La calidad de la educación, a juzgar por los pobres resultados de las pruebas internacionales, son congruentes con ese GINI y con una proporción elevada de la población que carece de agua corriente y de disposición de aguas servidas, mientras que la falta de un sistema de transporte colectivo eficaz impone costos sociales enormes.
Nuestro país tiene grandes oportunidades desarrollando las áreas circundantes al Canal, en la logística, el turismo y en el rescate de la agricultura. Para capitalizarlas se requieren políticas públicas adecuadas que no se generan en el vacío, y al ente responsable de la planificación lo polariza la prioridad que se la ha dado al manejo fiscal en los últimos años. Esto amerita un análisis aparte.
El Estado necesita crear un ente central que planifique su estrategia que se ubique al más alto nivel de la estructura administrativa del Gobierno Nacional.
El autor es economista