Existen debates dentro de nuestra sociedad que giran en torno a los valores subyacentes de nuestra Constitución. Como si de placas tectónicas se tratara, chocan y generan temblores que nos sacuden desde lo más profundo de la nación. Uno de ellos es la constante pugna entre economía y democracia. Si bien puede parecer una exageración, lo cierto es que, en los tiempos que corren, tiene más sentido que nunca. Hemos pasado de ser una economía de mercado a una sociedad de mercado, lo que implica la mercantilización de aspectos esenciales de la vida pública. Frente a esto, es necesario recordar la existencia de bienes propios de la democracia, cuya cuantificación económica solo produce distorsiones.
El voto, la participación en consultas públicas o la facultad de ser elegidos, por mencionar algunos, son hoy objeto de la lógica de mercado. Los votos se compran. Las consultas se llenan de partidarios. La participación es posible, pero la elección se convierte en un privilegio que no todos pueden costear. El problema de introducir valoraciones económicas en la democracia es que corroe los principios que sostienen la cohesión social y la legitimidad del régimen político. Si como ciudadanos percibimos que la democracia funciona como un simulacro, será inevitable sentirnos sometidos a un sistema espurio.
El economicismo plantea que las decisiones pueden reducirse a simples cálculos económicos. Michael Sandel desarrolla esta idea en su libro Lo que el dinero no puede comprar, donde muestra cómo esta lógica ha penetrado la democracia estadounidense. Allí, a diferencia de Panamá, no ocurre al margen de la ley, sino como parte de una industria consolidada. Sin embargo, la lógica de fondo es la misma.
La falta de sanción efectiva contra quienes corrompen el sistema genera una deuda que termina afectando la credibilidad institucional y la confianza en la democracia. En ese contexto, no sorprende el auge de liderazgos autoritarios que, aunque nacen de la democracia, terminan socavándola en nombre de un supuesto bien común.
Cuando la valoración económica se impone sobre la ética, las instituciones fallan. No importa si se trata de un delito o no; lo cierto es que predomina un razonamiento que reduce los derechos a un precio. Esta lógica se reproduce, se normaliza y se integra a la cultura política bajo una expresión conocida: el “juega vivo”.
La lógica de los derechos y del sistema democrático no puede regirse por criterios económicos. Su función es, precisamente, equilibrar las desigualdades entre los actores políticos. Pretender que la sociedad se autorregule como un mercado implica —como ya ocurre— que los actores más poderosos impongan sus intereses. El economicismo aplicado a la democracia no conduce a otra cosa que a la pérdida de libertad.
El autor es abogado y asesor en temas políticos y parlamentarios.
