En los últimos meses, he tenido la oportunidad de participar en espacios donde se cruzan dos mundos que rara vez dialogan con la profundidad necesaria: el de la política y el de la transformación tecnológica. En el reciente foro del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), esa convergencia fue evidente. Ocho presidentes, con visiones distintas y prioridades diversas, coincidieron en algo poco habitual en nuestra región: la educación es central y, al mismo tiempo, una de nuestras mayores debilidades estructurales.
No es una afirmación nueva, pero sí adquiere una urgencia inédita. La razón es simple: la inteligencia artificial ya está cambiando la realidad económica, productiva y social, y lo está haciendo a una velocidad que no espera consensos políticos ni reformas graduales. Mientras seguimos discutiendo diagnósticos, el mundo avanza con decisiones basadas en datos, evidencia y experimentación constante.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acaba de lanzar el documento El estado de la educación en América Latina y el Caribe 2026, en el cual confirma lo que muchos intuimos: la región enfrenta brechas profundas en aprendizaje, pertinencia y resultados, que se amplifican cuando se analizan desde una perspectiva territorial, socioeconómica y tecnológica. No se trata solo de acceso o cobertura, sino de impacto real. Años de escolaridad y de educación superior no siempre se traducen en capacidades que los países puedan activar para su desarrollo.
Aquí emerge un problema clave: la falta de datos comparables, oportunos y accionables. En América Latina, tomamos decisiones educativas con información fragmentada, tardía o irrelevante. Medimos insumos —matrícula, infraestructura, presupuesto—, pero seguimos midiendo poco aquello que verdaderamente importa: qué aprenden los estudiantes, cómo lo aplican y con qué impacto económico y social.
La inteligencia artificial, paradójicamente, nos deja sin excusas. Hoy existen capacidades tecnológicas para recolectar, analizar y utilizar datos educativos en tiempo real. La pregunta ya no es si podemos hacerlo, sino si estamos dispuestos a cambiar la lógica de nuestras políticas públicas. Una política educativa sin evidencia no es política: es relato.
En el foro del CAF fue evidente una tensión compartida por los mandatarios: la necesidad de responder a un electorado que exige empleo, productividad y crecimiento, mientras los sistemas educativos siguen desconectados de la economía real. Esa desconexión genera una doble frustración: talento que no encuentra oportunidades y economías que no logran innovar, aun cuando invierten en educación.
La región necesita dar un salto cualitativo: pasar de políticas educativas declarativas a políticas públicas basadas en evidencia. Eso implica decisiones incómodas: evaluar con rigor, transparentar resultados, comparar instituciones, corregir programas y, sobre todo, aceptar que el tiempo educativo es demasiado valioso para no producir valor.
La inteligencia artificial no reemplazará a los sistemas educativos, pero sí reemplazará a aquellos que no aprendan a usarla con criterio. Países que hoy están experimentando con datos, analítica de aprendizaje y modelos predictivos están construyendo ventajas competitivas silenciosas. No esperan reformas perfectas; prueban, miden y ajustan.
Durante años hemos dicho que América Latina tiene una oportunidad histórica para usar la tecnología y repensar cómo decide. Hoy, esa narrativa suena cada vez más vacía. La región sigue girando en el mismo ciclo: educación, datos y desarrollo avanzan sin encontrarse. Mientras no rompamos esa inercia, la tecnología solo maquilla decisiones mal informadas. Si la educación es realmente una prioridad nacional —como todos los presidentes afirmaron—, entonces debe dejar de ser un discurso y convertirse en la política pública más rigurosamente sustentada en evidencia.
América Latina no carece de talento ni de tecnología; carece de decisiones informadas. Y en un mundo que avanza con datos y evidencia, seguir decidiendo a ciegas no es prudencia: es resignación.
La autora es especialista en innovación educativa y transformación institucional- CEO de SénecaLab.
