Para Katarina Tomaševski, quien fuera la primera Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, la enseñanza no representa un beneficio discrecional del gobierno de turno, sino una obligación jurídica que el Estado debe garantizar de forma progresiva e incondicional. En su obra fundamental, El asalto a la educación, Tomaševski sostiene que la educación es un “derecho llave” o multiplicador: aquel que permite el acceso efectivo al resto de las garantías ciudadanas, como la salud, el trabajo digno y la participación política. Bajo esta premisa, la educación superior estatal en Panamá adquiere una relevancia crítica, no solo como un espacio de acreditación profesional, sino como el último bastión contra la estratificación social y la herramienta definitiva para la movilidad social ascendente.
La solidez de este sistema se evalúa a través del esquema de las “4-A” (Asequibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Adaptabilidad) propuesto por la Relatora. No obstante, el panorama actual revela una preocupante pinza sobre la academia panameña: por un lado, una asfixia económica derivada de proyecciones presupuestarias restrictivas; por otro, una narrativa política que busca imponer el voto igualitario absoluto en las aulas bajo la apariencia de una equidad formal. Sin embargo, la universidad posee una identidad técnica y ontológica que no puede someterse a la volatilidad de mayorías transitorias. Al ser una comunidad de maestros y estudiantes vinculada por la búsqueda de la verdad —Universitas Magistrorum et Scholarium—, su gobernanza debe proteger el rigor científico sobre el populismo electoral. Ignorar esta distinción es sacrificar la calidad educativa en el altar de una aritmética mecánica que, en la práctica, vacía de contenido el prestigio de la enseñanza superior y compromete la Aceptabilidad (calidad) que el Estado está obligado a tutelar.
Defender la autonomía universitaria es, por tanto, defender la soberanía del conocimiento. Una universidad autónoma asegura que la investigación y la cátedra no estén supeditadas a intereses corporativos o presiones políticas coyunturales. Este es el modelo que permite a la Universidad de Panamá (UP) consolidarse como el faro académico de la nación, liderando la investigación científica en el país según el Ranking Scimago. Solo a través de una estabilidad institucional blindada contra injerencias externas se garantiza que la generación de saber sea un bien público accesible para todos, cumpliendo así con la función social de proponer soluciones estructurales a los problemas nacionales.
Este impacto se traduce en indicadores de desarrollo humano que no admiten retrocesos. La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) ostenta un 90% de empleabilidad en sus egresados, de los cuales el 60% proviene de sectores populares, transformando la realidad de familias enteras a través de la innovación e impulsando la competitividad del país mediante la formación técnica y científica en carreras tecnológicas de vanguardia. Por su parte, la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) garantiza nuestra soberanía logística al formar a la oficialidad que sostiene el sector marítimo —responsable del 30% del PIB nacional—, mientras que la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) asegura que la descentralización del conocimiento sea una garantía de derechos en el entorno regional.
En el ámbito de la salud y la inclusión, la labor de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) es un puntal de Adaptabilidad. Al ser la única institución que forma profesionales en Traducción e Interpretación de Lengua de Señas y especialistas en áreas críticas como la Terapia Respiratoria o la Estimulación Temprana, garantiza que el “derecho llave” de la educación abra las puertas de la salud para los sectores más desfavorecidos. Sus clínicas atienden a más de 15,000 pacientes anuales de escasos recursos, llegando incluso a la Comarca Ngäbe-Buglé. Defender la estabilidad de estos modelos de gobernanza —validados por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia— es proteger la fe pública en los títulos y la integridad de los servicios sociales que estas instituciones prestan.
Sin embargo, el compromiso del Estado con estos logros se ve hoy cuestionado por una realidad presupuestaria alarmante. Según las proyecciones presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal 2026 prevé asignar aproximadamente $590 millones a las universidades oficiales, en contraste con los $746.3 millones aprobados para 2025. Esta disminución, que supera los $156 millones, constituye lo que Tomaševski denominaría un “asalto” a la esencia misma de la democracia.
Un recorte de esta magnitud no es un simple ajuste contable; significa laboratorios que no se actualizarán, simuladores de navegación postergados y una merma directa en la formación de los especialistas que el sistema de salud pública requiere con urgencia.
En conclusión, defender la educación superior estatal es defender la excelencia frente a la popularidad numérica y la inversión estratégica frente al ajuste fiscal sin rostro humano. Una sociedad donde el conocimiento avanzado se desfinancia o se politiza es una sociedad que renuncia a su soberanía y condena a sus ciudadanos a la irrelevancia en la economía del saber. Es imperativo que el Presupuesto de 2026 sea rectificado y que la autonomía universitaria sea respetada como un pilar innegociable del Estado de Derecho. La educación pública debe ser, de hecho y no solo en discurso, el faro que guíe el destino de nuestra nación hacia una prosperidad equitativa y fundamentada en la verdad científica.
El autor es abogado, exfiscal y docente universitario.
