El debate educativo en Panamá no gira en torno a ajustes técnicos ni a reformas parciales, sino a la necesidad histórica de una ley educativa que redefina el sistema y lo consolide como una auténtica política de Estado.
El debate sobre la educación en Panamá ha entrado en una fase decisiva. No se trata de introducir ajustes técnicos ni de aplicar reformas parciales a un sistema agotado, sino de discutir si el país será capaz de dotarse de una ley educativa que funcione como política de Estado. La diferencia no es semántica: es profundamente política y estructural.
Durante décadas, Panamá ha ensayado múltiples reformas educativas. Cambios curriculares, programas piloto, modificaciones en los sistemas de evaluación y discursos modernizadores han sido presentados como soluciones. Sin embargo, estos esfuerzos no han logrado transformar la estructura profunda del sistema ni resolver sus problemas históricos. La razón es clara: las reformas corrigen, pero no redefinen.
Una ley educativa concebida como política de Estado implica algo distinto. Supone repensar el sistema desde sus cimientos: el sentido público de la educación, la organización institucional, la formación y evaluación docente, el uso del presupuesto y la relación entre escuela, sociedad y proyecto nacional. No se trata de un retoque normativo, sino de una reconstrucción doctrinal e institucional.
El proceso de construcción de una nueva ley educativa no puede imponerse de manera vertical. Debe partir de las aulas y reconocer que docentes y estudiantes sostienen cotidianamente el sistema. Sin esa participación real, cualquier intento de transformación está condenado a reproducir las mismas debilidades estructurales.
Uno de los nudos históricos del sistema educativo panameño ha sido la distancia entre la norma y la realidad. Ha habido leyes, planes y presupuestos, pero una débil capacidad institucional para convertirlos en condiciones concretas de enseñanza y aprendizaje. Por ello, cualquier nueva ley debe partir de un principio básico: ser una ley que se cumpla, con mecanismos efectivos de implementación, seguimiento y evaluación.
La discusión educativa no puede reducirse a variables técnicas. En el centro del sistema se encuentra la relación pedagógica y el sentido ético de la docencia. Recuperar la idea de que el estudiante es la prioridad no es retórica; es una condición necesaria para reconstruir la legitimidad del sistema educativo y su vínculo con la sociedad.
Ninguna ley educativa puede sostenerse si no se inscribe en un proyecto nacional de educación. La escuela debe vincularse al desarrollo económico, la equidad social, la soberanía cultural y la formación ciudadana. La educación deja de ser un asunto sectorial y se convierte en un eje estructurante del proyecto de nación.
El verdadero debate no es si se trata de una reforma o de una ley, sino si Panamá está dispuesta a asumir la educación como una responsabilidad colectiva y estratégica. Mientras la reforma ajusta, la ley redefine. Y cuando esa redefinición se asume como política de Estado, la educación deja de ser un problema crónico y se convierte en una herramienta de desarrollo nacional.
En ese sentido, discutir una ley educativa exige superar los miedos históricos que aún gravitan sobre el sistema. La resistencia al debate profundo, marcada por experiencias pasadas y por la reacción de actores corporativos, ha generado una cultura de inmovilismo normativo. Sin embargo, ningún país transforma su educación evitando la discusión. Toda política educativa de Estado nace del conflicto democrático, del diálogo social y de la construcción de consensos duraderos.
Panamá se encuentra ante una oportunidad histórica. Aprovecharla dependerá de que la ley que se construya no sea solo nueva en el papel, sino legítima en su origen, justa en su contenido y viable en su aplicación. Hay momentos en que el país no pregunta: toca la puerta. Y cuando eso ocurre, ya no es posible seguir postergando la decisión.
El autor es especialista en ciencias sociales.
