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El acceso a la información: nuestro derecho

En Panamá, al igual que en muchos otros países, el acceso a la información ha sido un desafío constante. El acceso a la información es fundamental para el desarrollo de una sociedad democrática y transparente. Se trata de un derecho fundamental que garantiza a todas las personas la posibilidad de buscar, recibir y difundir información de manera libre y sin restricciones. Este derecho se encuentra reconocido en numerosos instrumentos nacionales e internacionales como el artículo 43 de la Constitución Política de nuestro país y el artículo 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Pidcp), que establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión”, incluyendo el derecho “a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro medio de su elección”.

El acceso a la información se basa en el principio de dignidad común, que es el fundamento de todas las leyes, tanto a nivel nacional, en el marco del derecho constitucional, como a nivel internacional, en el ámbito de los derechos humanos. Reconocer la importancia de este derecho implica examinar la importancia de garantizar la dignidad de todas las personas, permitiéndoles acceder a la información que necesitan para tomar decisiones informadas y participar activamente en la vida pública.

El acceso a la información es un componente esencial del Objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, que busca promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Este objetivo incluye la promoción del acceso a la justicia, a la transparencia, a la rendición de cuentas y a la participación ciudadana, aspectos fundamentales para la construcción de sociedades democráticas y para el respeto de los derechos humanos.

En un Estado de derecho, es imprescindible que exista un debate abierto y transparente, y que los ciudadanos tengan acceso a la información sobre lo que sucede en las instituciones y en el gobierno. Esto permite el ejercicio pleno de la ciudadanía, el control ciudadano sobre las decisiones públicas y contribuye a prevenir la corrupción y el abuso de poder. El acceso a la información es un mecanismo fundamental para fortalecer la democracia y garantizar la rendición de cuentas de los gobernantes.

Para cumplir con este derecho fundamental, no solo se debe liberar la información, sino que también es necesario que los portales y los sistemas de información sean accesibles para todas las personas. Esto implica que deben diseñarse de manera inclusiva, teniendo en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad visual, auditiva o cognitiva. Además, es importante utilizar diferentes medios de comunicación, como videos y otros recursos audiovisuales, para hacer la información más accesible y comprensible para todos. Asimismo, es necesario que las plataformas digitales sean de fácil navegación y estén diseñadas de manera intuitiva, para que cualquier persona pueda acceder a la información de manera rápida y sencilla.

Uno de los principales obstáculos que enfrentamos es la insuficiente cultura de transparencia en la sociedad panameña. En muchas ocasiones, los ciudadanos desconocemos nuestros derechos en esta materia y las instituciones públicas no cuentan con la capacidad ni la voluntad política para garantizar el acceso a la información de manera oportuna y efectiva. A pesar de la importancia que tiene avanzar en este tema, esfuerzos como el anteproyecto de ley 1031 de transparencia y acceso a la información pública, se encuentra desde el 28 de abril en primer debate.

La sociedad panameña y las instituciones públicas deben trabajar de la mano para garantizar que el acceso a la información sea un derecho efectivo y que los ciudadanos puedan contar con la información necesaria para tomar decisiones informadas y participar activamente en la vida democrática del país. Solo así se podrá construir una sociedad más justa, transparente y democrática en Panamá.

La autora es egresada de LLAC 2020 y miembro de Jóvenes Unidos por la Educación


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