Panamá llegó a un punto en el que ya no puede seguir postergando el debate sobre cómo ordenar su territorio. Durante décadas, el país ha logrado consolidarse como una plataforma global eficiente, con altos niveles de crecimiento económico apoyados principalmente en el Canal de Panamá, los puertos y los servicios financieros. Sin embargo, ese crecimiento no se ha distribuido de manera equilibrada en el territorio nacional. Coexistimos con una economía altamente productiva en el eje Panamá–Colón, mientras provincias como Darién, Bocas del Toro o la Comarca Ngäbe-Buglé continúan al margen de ese dinamismo.
Este desafío no puede abordarse exclusivamente desde una lógica de infraestructura de gran escala. El desarrollo territorial sostenible requiere una visión más profunda, donde los factores hidroambientales —particularmente el agua— ocupen un rol central como eje estructurante del territorio. Más que un problema exclusivo de conectividad física, Panamá enfrenta un problema de organización territorial en torno a sus capacidades naturales.
El agua es, en realidad, la infraestructura invisible que sostiene la economía panameña. Desde el abastecimiento urbano en la ciudad capital, dependiente de sistemas críticos como la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, y la Planta Potabilizadora de Miraflores, hasta la agroindustria chiricana o la producción agropecuaria de Azuero, todos los sectores dependen de su disponibilidad, calidad y gestión eficiente. Sin seguridad hídrica, no existe competitividad regional ni estabilidad económica sostenible.
En muchas regiones del país, las brechas territoriales no solo se explican por limitaciones en la conectividad física, sino también por deficiencias en el acceso continuo al agua potable, los sistemas de saneamiento y el manejo de cuencas. Casos como las pérdidas significativas en las redes urbanas de agua potable, principalmente en Panamá Metro, Panamá Oeste y Colón; la contaminación del río La Villa; y la vulnerabilidad hídrica en provincias como Los Santos y Herrera durante las temporadas secas o las crecidas severas evidencian que el reto es estructural. Estas limitaciones afectan directamente la productividad local y restringen la capacidad de atraer inversión fuera del área metropolitana.
La planificación territorial moderna exige, por tanto, reorganizar el desarrollo en función de la capacidad hidroambiental del territorio. Esto implica proteger cuencas hidrográficas estratégicas, como las que alimentan las potabilizadoras del río La Villa; ordenar el crecimiento urbano en zonas como Panamá Oeste —donde el crecimiento ha sido acelerado—; y fortalecer y desarrollar proyectos hídricos clave, como las potabilizadoras de Arraiján, Sabanitas y Gamboa, así como los sistemas regionales en Azuero y la provincia de Chiriquí, por mencionar algunos.
Las inversiones que hoy realiza Panamá en potabilización, saneamiento, modernización de redes y control de fugas no deben interpretarse como simples obras sectoriales. Constituyen, en realidad, una de las políticas más poderosas para reducir las desigualdades territoriales, mejorar la productividad regional y fortalecer la cohesión social del país. Proyectos como la potabilizadora del Este, las mejoras en Cabra y Pacora, o el sistema de tratamiento de aguas residuales en David tienen impactos directos sobre la calidad de vida y el desarrollo económico regional.
Un ejemplo claro de esta conexión entre el agua y los sectores productivos se observa en el turismo. Las playas de Bocas del Toro, los arrecifes del Caribe, las montañas de Boquete o las costas de Pedasí dependen directamente de una adecuada gestión del agua y del ambiente. Sin ecosistemas funcionales, este sector pierde competitividad, especialmente en regiones donde el turismo puede representar una oportunidad real de desarrollo local. Otros ejemplos son igualmente aplicables: el nexo múltiple agua-energía-alimentos destaca entre los más relevantes.
No obstante, el desarrollo territorial no se logra automáticamente con la disponibilidad de recursos naturales. Se requiere complementar esta base con caminos rurales y de producción adecuados, carreteras, servicios básicos de calidad y capital humano. Por ejemplo, en zonas como Veraguas, con el río Santa María, o Coclé, con el Río Grande, la integración entre agua, acceso vial y cadenas de valor puede transformar economías locales hoy limitadas.
La abundancia de agua y de capital natural le da a Panamá una condición singular para replantear su desarrollo desde el territorio. El reto no es exclusivamente generar más crecimiento, sino lograr que ese crecimiento tenga mayor alcance territorial. Esto exige una visión de Estado de largo plazo, que trascienda los períodos gubernamentales y articule la inversión pública, la planificación y la gobernanza.
El desarrollo territorial del siglo XXI será, en esencia, hidroambiental. Aquellos países que logren integrar agua, ambiente, infraestructura y productividad serán los que alcancen mayor resiliencia y competitividad. Panamá tiene todo para lograrlo. Convertir esa condición en una realidad dependerá de nuestra capacidad para planificar el territorio con responsabilidad, entendiendo que el agua no es solo un recurso, sino el fundamento mismo de nuestro futuro nacional.
El autor es analista de Planificación en Recursos Hídricos y Ambiente de la Dirección General de Planificación Nacional del Ministerio de Economía y Finanzas.
