La estrategia de imposición de modelos de proyectos nocivos para el medio ambiente no es casual. Sus promotores destinan gran parte de sus recursos económicos a sembrar narrativas de necesidad, beneficio y potencial, minimizando los graves y permanentes daños que ocasionan concesiones extensas, confusas y dilatadas, orientadas a extraer de la naturaleza recursos finitos, dejando a su paso afectaciones profundas a la fauna, la flora y a la propia humanidad.
En tiempos en los que la tecnología, la conectividad y la accesibilidad a las comunicaciones permiten un acceso prácticamente ilimitado a la información, se promueve estratégicamente la idea de que es posible convivir entre las actividades extractivas, la naturaleza y la paz social sin mayores sobresaltos. Se potencia así un supuesto bienestar económico y una mejor calidad de vida, justificando que el recurso es abundante y atenuando el hecho de que estas actividades extraen directamente bienes comunes de la tierra o del mar.
Quienes se atreven a oponerse a esta “maravillosa” apuesta por el negocio extractivista suelen enfrentar fuerza, control, persecución, represión, amenazas, procesos judiciales, cárcel y, en algunos casos, la muerte. Esta es la fórmula del poder para silenciar a quienes defienden el ambiente, una realidad que continúa afectando a un número significativo de personas defensoras ambientales en toda la región.
El 12 de enero de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, cuyo objetivo es promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región, publicó un informe sobre el asesinato de Berta Cáceres, mujer indígena y defensora ambiental hondureña. Berta contaba con medidas cautelares otorgadas por este mismo órgano desde junio de 2009 y fue asesinada, tras reiterados ataques a su integridad, la noche del 2 de marzo de 2016, en su propia casa.
El informe señala que el asesinato de Berta Cáceres fue la culminación de un prolongado proceso de persecución, vigilancia, criminalización y violencia ejercido durante años. El crimen ocurrió en un contexto estructural marcado por la violencia, la militarización, la corrupción, la concentración del poder económico y una institucionalidad progresivamente capturada por intereses privados, todo ello como consecuencia de la lucha incansable que Cáceres lideraba en defensa de su territorio indígena frente a la imposición de una empresa extractivista.
La CIDH establece que el proyecto se sustentó en licencias de operación irregulares, contratos administrativos viciados y procesos de titulación individual que desconocieron derechos colectivos, amparados en marcos regulatorios flexibles y respaldados por procesos de privatización acelerados. Asimismo, señala que su implementación se realizó mediante la militarización del territorio, la represión de las comunidades, el uso desproporcionado de la fuerza y la criminalización sistemática de quienes defendían el derecho a un ambiente sano, todo ello con la complicidad de financiamientos bancarios y en entornos jurídicos marcados por la impunidad.
América Latina y el Caribe son considerados la región de mayor riesgo para las personas defensoras de los derechos ambientales. En el caso de Berta Cáceres, la CIDH propone en su informe, entre otras medidas, disolver los compromisos con la empresa extractivista, prohibir las malas prácticas de las autoridades contra personas defensoras y adoptar un Protocolo Nacional de Investigación de Delitos contra Defensoras y Defensores Ambientales.
La autora abogada, especialista en la defensa de los derechos humanos.
