Hoy deseo traer una reflexión, especialmente para los panameños de la capital y otros que residen en áreas urbanas del país, dado el tema del contrato minero y las últimas manifestaciones de preocupaciones de muchos panameños haciendo énfasis en el daño o impactos ambientales de esta actividad a los ecosistemas del área del proyecto.
Como ambientalista, reflexiono al respecto y a la vez me pregunto por qué razón no existe un igual interés por el tema de las contaminaciones actuales de los ecosistemas marinos y acuáticos debido a la gran cantidad de desechos sólidos (basura) que es lanzada a diario en nuestros ríos y quebradas por parte de algunos ciudadanos irresponsables.
Señores, “el Estado somos todos” y los gobiernos de turno administran el Estado cada cinco años. Este es un impacto ambiental que desde hace más de 50 años viene afectando nuestros ecosistemas marinos. La contaminación de los cuerpos de agua se da por dos razones principales: la descarga de aguas residuales que se generan en nuestros hogares y no son debidamente tratadas (inclusive las aguas pluviales con detergentes) y los desechos sólidos arrojados a los ríos y quebradas antes mencionado. Desde hace 22 años, el Estado, a través de los gobiernos de turno, ha invertido más de $1,000 millones en obras de infraestructura de recolección , conducción, estaciones de bombeo y dos etapas de tratamiento de aguas residuales a través del proyecto de saneamiento de Panamá, que inició su planificación en el año 1999 y su posterior implementación, lográndose que aproximadamente más del 85% de las aguas residuales de la ciudad de Panamá vayan a una planta de tratamiento de aguas residuales de alta tecnología.
Es un proyecto de Estado exitoso, que contribuye a la mitigación del impacto y problemas de salud pública que afectaban al ambiente, aun cuando hoy no se paga ninguna tarifa de tratamiento en el servicio de alcantarillado sanitario.
En cuanto a la basura depositada en los cuerpos de agua, afortunadamente existen algunas fundaciones muy preocupadas por este tema desde hace algunos años y, en conjunto con las autoridades municipales e instituciones públicas, organizan periódicamente actividades para recoger parte de esta basura, pero las mismas no son suficientes para mitigar el gran daño que le hemos venido haciendo a nuestras cuencas, dada la irresponsabilidad de ciudadanos y la falta de atención por parte de los gobiernos se turnó a esta situación. Todos formamos parte del “ambiente” y así como hoy la ciudadanía le exige al gobierno de turno que cese la explotación minera en Panamá por sus impactos a los ecosistemas, de la misma forma debemos preocuparnos por señalar y denunciar estas malas prácticas por parte de ciudadanos inconscientes y, por ende, exigirle a los gobiernos venideros que presten atención a estas externalidades e implementen proyectos de concientización y sensibilización, a la vez que se reglamenten e implementen las regulaciones y sanciones debidas por parte de los entes rectores de la salud pública y el ambiente. Nuestra Ley 41 de 1998 (Ley General de Ambiente) y el Decreto Ejecutivo 1 de 2023, que reglamenta el proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental, contiene las herramientas para el desarrollo y fiscalización de los proyectos y actividades que pueden afectar el ambiente; sin embargo, la mala utilización de nuestros recursos sin un plan que nos lleve a un verdadero desarrollo sostenible en el país, traerá como consecuencias que nuestras futuras generaciones se verán afectadas y, así como nuestros bisabuelos y abuelos lograron ver los bellos bosques y aguas naturales cristalinas, estamos a tiempo de que nuestros nietos y bisnietos vuelvan a verlos si hoy empezamos a trabajar en esa visión de país.
El autor es consultor sanitario y ambiental
