Panamá asiste a un espectáculo de prestidigitación política en el que la soberanía es el conejo que desaparece. Los fallos de la Corte Suprema de Justicia contra First Quantum Minerals y Hutchison Ports no son solo victorias jurídicas; son las autopsias de un modelo de entrega nacional sistemática promovido desde el Palacio de las Garzas. La reacción de estas corporaciones revela la verdadera naturaleza del juego: una emboscada diseñada desde la Presidencia para que, bajo la excusa de captar inversión extranjera, la nación siempre pierda.
El caballo de Troya no es la empresa extranjera; habita en la Presidencia y sus ministerios, donde se introducen contratos que funcionan como bombas de tiempo. El contrato de la mina no fue un error; fue una aberración con 25 inconstitucionalidades. Violar veinticinco artículos de la Constitución es, en términos proporcionales, como si en Estados Unidos se pasaran por alto casi la totalidad de su Carta Magna. No fue negligencia, sino un diseño de entreguismo absoluto. La historia amenaza con repetirse, sin importar el valor excepcional del Istmo como puente biológico.
La reacción del poder es esquizofrenia destilada. El presidente José Raúl Mulino lanza fuegos artificiales y guiña el ojo a la administración Trump tras el fallo contra Hutchison, celebrando una supuesta limpieza de la influencia china. El gigante asiático ya enseñó los dientes: el gobierno chino advirtió que recurrirá a tribunales de arbitraje. First Quantum se rasga las vestiduras y amenaza con arbitrajes astronómicos que superan con creces lo invertido, pero baja la bandera cuando la Presidencia le promete, por debajo de la mesa, reabrir el yacimiento. Chantaje coordinado. La empresa actúa en ilegalidad consciente y el Ejecutivo le ofrece indulgencia a cambio de seguir inflando el PIB, una noción ficticia que sirve más a la propaganda que a la microeconomía.
First Quantum opera con la opacidad de redes financieras complejas, un entramado de capas y beneficiarios donde convergen intereses de China, Corea del Sur y fondos de Estados Unidos y Canadá. Es el escenario en el que las potencias, aunque se enfrenten en público, convergen para defender la extracción. En ese tablero, la Presidencia y algunos ministros actúan como facilitadores invisibilizados que gozan de impunidad rampante.
Hutchison llegó incluso a boicotear el proyecto del puerto de Corozal, frenando a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). ¿Cómo una concesionaria puede maniatar al Estado? Aberrante y contraproducente. Todo ello ocurre con el padrinazgo de burócratas que operan como bancadas privadas de las transnacionales. Se vende el crecimiento del PIB como si fuera bienestar, pero es el mismo espejismo colonial: una cifra que crece para justificar endeudamiento y planillas infladas, mientras la microeconomía se deteriora.
La casa pierde y se ríe. Los funcionarios firman ilegalidades sabiendo que, si el contrato cae, el pueblo pagará la demanda. La riqueza se repatría a las matrices y a Panamá le quedan el hueco, la depredación ambiental, la deuda y la amenaza de juicios impagables. El caballo de Troya y la emboscada tienen oficina en el Palacio y firma en la Gaceta Oficial.
El autor es filólogo periodista.
