El próximo 7 de septiembre de 2026, Panamá conmemorará 49 años de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, fecha que constituye la antesala del cincuentenario de uno de los mayores actos de reafirmación soberana en todo el territorio nacional. Estos tratados fueron firmados el 7 de septiembre de 1977 y establecieron el desmantelamiento de la Zona del Canal y la transferencia de la vía interoceánica a la República de Panamá el 31 de diciembre de 1999.
Esa conquista no fue obra de un hombre, de un gobierno ni de ningún partido político. Fue una causa de unidad nacional, en la que participaron estudiantes, profesionales, campesinos, diplomáticos, sectores empresariales, organizaciones populares y, de manera determinante, la clase trabajadora organizada.
Por ello, es imposible contar la historia del Canal sin destacar el fundamental protagonismo del movimiento sindical.
Una figura icónica que simboliza ese aporte es Luis Anderson McNeil.
La documentación histórica lo identifica como asesor laboral del equipo negociador panameño de los Tratados Torrijos-Carter. Años después, en 1983, fue designado miembro de la Junta de la Comisión del Canal de Panamá. Y entre 1998 y 2001 integró la primera Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. La propia ACP reconoció oficialmente en 2002 su importante contribución durante la etapa histórica de la transferencia y el valor de su trabajo para la institución y el país.
Esa trayectoria no fue accidental, ya que representaba algo más profundo: la presencia de los trabajadores en una lucha nacional.
La batalla por la ratificación de los tratados en Estados Unidos fue extraordinariamente cerrada. El Senado estadounidense aprobó cada uno de los instrumentos en 1978 por 68 votos contra 32, apenas por encima de la mayoría de dos tercios requerida.
Ante semejante escenario, cada respaldo contaba.
Los archivos históricos revelan que la AFL-CIO, principal central sindical norteamericana, era considerada un actor estratégico para la suerte de los tratados. Documentos previos incluso planteaban la necesidad de transformar a la organización de un posible obstáculo en un aliado significativo para la ratificación. Finalmente, el 30 de agosto de 1977, el Consejo Ejecutivo de la AFL-CIO adoptó una fuerte declaración de respaldo a los nuevos Tratados del Canal.
Ese dato permite comprender la dimensión internacional de la acción sindical. La causa panameña necesitaba trascender nuestras fronteras y encontrar interlocutores capaces de influir dentro de la sociedad y en el complejo sistema político estadounidense. Allí, el mundo del trabajo tuvo una voz fuerte y determinante.
Eso es memoria histórica. Y la memoria, cuando es justa, debe producir consecuencias y reconocimiento.
Si los trabajadores estuvimos en la lucha por recuperar el Canal; si estuvimos representados durante el proceso negociador; si estuvimos en la transición; y si Luis Anderson, proveniente del movimiento sindical, formó parte de la primera Junta Directiva de la ACP, ¿no debe, por eso y más, restituírsele al movimiento organizado de los trabajadores una voz en la conducción estratégica de nuestro principal activo nacional?
No estamos solicitando una dádiva. No estamos pidiendo un privilegio.
Estamos reclamando memoria, representación y justicia histórica.
La Junta Directiva de la ACP está integrada por once miembros. Nueve son nombrados por el presidente de la República con el acuerdo del Consejo de Gabinete y la ratificación de la Asamblea Nacional; otro es designado por el Órgano Legislativo y el presidente de la Junta es designado por el presidente de la República.
Por eso, hacemos un llamado respetuoso, con paso firme, al señor presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, para que se restablezca la representación histórica del movimiento sindical panameño en la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá.
Esa representación debe surgir de una propuesta responsable del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) y recaer en una persona con solvencia moral, conocimiento del mundo laboral, capacidad técnica, comprensión de la economía canalera y, sobre todo, una visión de Estado.
Se llevaría así la voz del trabajo a la mesa donde se decide el futuro del patrimonio más estratégico de la nación.
A las puertas del cincuentenario de los Tratados Torrijos-Carter, Panamá tiene la oportunidad de corregir una ausencia que pesa profundamente en los anales de su historia.
Por ello, la mejor manera de honrar cada 7 de septiembre no es únicamente pronunciar discursos, colocar ofrendas o recordar fotografías del pasado. Donde hubo trabajadores, hubo movimiento sindical y hubo Luis Anderson.
Restablecer esa representación de los trabajadores es reconocer la verdad histórica de quienes ayudaron a conquistar la soberanía y reconocer que también merecen participar, con responsabilidad, capacidad y altura, en la construcción de su futuro.
El Canal es de todos los panameños. Y en ese “todos”, los trabajadores no pueden seguir siendo invisibles.
El autor es abogado y sindicalista.
