Al margen de los discursos patrióticos de políticos y ciudadanos en ambos países, el Gobierno panameño debe tener claras las verdaderas intenciones detrás del ruido de los sables del norte para así trazar una estrategia inteligente y eficaz. Por encima del orgullo patrio debe primar el principio de la realpolitik; es decir, el pragmatismo por encima de ideologías o emociones, sin por ello perjudicar los intereses del país o renunciar a nuestra soberanía en todo el territorio nacional.
Ya desde la audiencia de la Comisión de Comercio del Senado estadounidense y en el contenido de la resolución propuesta por el senador Eric Schmitt, fueron quedando en evidencia cuáles son las preocupaciones y aspiraciones del Gobierno de Estados Unidos, imperando por razón de seguridad nacional el hecho de que los puertos de Balboa y Cristóbal, a ambos extremos del canal y con acceso directo a las esclusas, están administrados por el conglomerado CK Hutchison Holdings Limited.
Es cierto que Hutchison no pertenece a la República Popular de China. No obstante, aunque está registrada en las Islas Caimán, su centro de operaciones se mantiene en Hong Kong y bajo el amparo de las leyes de seguridad chinas, que obliga a la empresa a cooperar con el Estado en temas militares, de inteligencia y de contrainteligencia. También es clave tener en cuenta que el presidente de Hutchison, Victor Li Tzar-kuoi –hijo mayor de Li Ka-shing, empresario y magnate hongkonés– fue miembro del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CPPCC) durante varios mandatos. La CPPCC es un organismo oficial del Partido Comunista, que contribuye a determinar políticas favorables a los intereses de China.
Lo sucedido durante la audiencia en el Senado y la visita de Marco Rubio debería dejar claro al público estadounidense que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha venido realizando una destacada administración de la ruta interoceánica y de forma independiente del Gobierno Nacional, cuyas autoridades, a fin de cuentas, y no la ACP, fueron las que otorgaron, de forma muy cuestionable, las concesiones de estos puertos y la construcción del cuarto puente.
Por cierto, durante la audiencia, un experto en derecho internacional explicó que, si Estados Unidos decidiera rescindir el Tratado de Neutralidad, ello no tendría como efecto legal la reversión automática del Canal a manos estadounidenses.
Por otra parte, no debemos temer una intervención armada, ya que no existe ningún peligro inminente. Sin embargo, según Washington, existe un riesgo latente ante un futuro conflicto mundial si se mantiene el status quo en los controvertidos puertos de Hutchison y su filial Panama Ports Company (PPC). Según varias fuentes, este temor es bipartidista en Estados Unidos y una aprehensión similar también se percibe en la Unión Europea ante las infraestructuras de telecomunicaciones, energía y puertos operados por empresas chinas.
En los albores de una nueva guerra fría y la gestación de un realineamiento geopolítico debemos aprender a vivir con una paradoja: por un lado, tenemos el deber de mantener un rol neutral para el Canal y como país, y, por el otro, una de las dos potencias protagónicas del conflicto mundial es justo Estados Unidos, nuestra contraparte en el Tratado de Neutralidad, cuya Reserva DeConcini le otorga la potestad unilateral de determinar cuáles actos representan un riesgo para la neutralidad y operatividad del canal.
Incluso antes de la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, ya el Gobierno parecía apelar a los principios de la realpolitik con actos concretos, como anunciar a una empresa estadounidense como la encargada del proyecto del tren David-Panamá –tras haber coqueteado durante meses con dos empresas chinas– y la súbita auditoría del contralor general a PPC, cuya concesión, según este funcionario, equivale a un “enclave colonial”.
Tras la reunión sostenida con Rubio en el Palacio de las Garzas, Mulino anunció que Panamá no renovará el acuerdo sobre la Ruta de la Seda, firmado con China en 2017. Sin duda fue imprudente integrarnos a ese proyecto, sobre todo porque China no se ha adherido al Tratado de Neutralidad. Quien analice bien las propuestas contenidas en el borrador de resolución del senador Schmitt encontrará que Estados Unidos parece estar dispuesto a prestar asistencia financiera sobre decisiones en temas de infraestructura que den por terminada la relación con empresas chinas, incluyendo los costos legales de un potencial arbitraje con Hutchison o su indemnización correspondiente.
El autor es abogado.
