El 17 de julio de 2026, el gobierno inició el proceso para adquirir el 41% de las acciones de Petroterminal de Panamá (PTP) que aún permanecen en manos de la estadounidense NIC Holding Corp. La operación, que se financiará con los ingresos de la empresa, convertirá al Estado en propietario del 100% de las acciones de un sistema estratégico que durante más de cuatro décadas ha operado como un “canal petrolero” en el occidente del país. Pero esta compra no es el final del camino. Es el punto de partida de un debate que definirá el futuro energético de Panamá: ¿Qué haremos con PTP una vez esté bajo control nacional? ¿Cómo se relaciona esto con el ambicioso proyecto de gasoducto que impulsa la Autoridad del Canal de Panamá (ACP)?
Una historia de resiliencia
PTP nació de una iniciativa privada de los hermanos Harold y Raymond Bernstein, quienes en 1977 propusieron al gobierno panameño la construcción de un oleoducto para el manejo de petróleo en la Bahía de Charco Azul, Puerto Armuelles. La necesidad era clara: los súpertanqueros (VLCC) que transportaban el crudo de Alaska no podían cruzar el Canal de Panamá por sus dimensiones.
En 1982, el oleoducto de 131 kilómetros entró en operación, conectando Chiriquí Grande (Bocas del Toro) con Charco Azul (Chiriquí). Hasta 1996, transportó más de 2.7 mil millones de barriles de crudo de Alaska. Ese año, el oleoducto cesó operaciones. Durante siete años, de 1996 a 2003, PTP mantuvo operaciones en las terminales mientras el oleoducto era sometido a un riguroso programa de mantenimiento. En 2003 se reactivaron las operaciones, y en 2008 se inició la reversión del flujo y la ampliación de los tanques de almacenamiento.
La historia de PTP demuestra que su socio privado, NIC Holding Corp., no es un inversor pasivo. Es la empresa que desarrolló el proyecto, lo ha administrado por más de 45 años y lo mantuvo vivo durante sus años más críticos.
La compra; preguntas sin respuestas
La transacción se realiza mediante el ejercicio de un derecho de compra establecido en la cláusula décima del Contrato de Asociación, aprobado por la Ley 30 de 1977. El precio se determinará mediante una fórmula basada en los estados financieros auditados.
El mecanismo de financiamiento es inteligente: la compra se pagará con los ingresos de la propia empresa, sin recursos del Tesoro Nacional ni deuda pública.
Pero persisten interrogantes. El ejecutivo no ha informado el precio estimado ni el plazo para completar la operación. La pregunta más relevante es quién administrará PTP una vez que el Estado adquiera todas las acciones. El Estado no cuenta actualmente con una entidad dedicada al manejo de oleoductos transístmicos y terminales petroleras de esta escala.
Privatizaciones de los 90: lecciones que no debemos olvidar
La decisión sobre PTP no puede tomarse sin recordar las privatizaciones de los 90, que dejaron lecciones amargas. INTEL se privatizó vendiendo el 49% a Cable & Wireless; para 2001, el Estado había dejado de percibir 442 millones de balboas. El IRHE fue desmantelado y las hidroeléctricas concesionadas a AES. Los puertos de Balboa y Cristóbal fueron concedidos a Panama Ports Company; el contrato fue declarado inconstitucional en 2026. El patrón es preocupante: privatizaciones que entregaron el control y el conocimiento a terceros, con pérdidas millonarias para el Estado y conflictos legales que duran décadas.
La oportunidad geopolítica
La crisis del Estrecho de Ormuz —por donde transita el 20% del petróleo global— ha reconfigurado las rutas energéticas. Las refinerías asiáticas reemplazan crudo de Medio Oriente por crudo estadounidense. La ruta más corta entre el Golfo de México y Asia es el istmo de Panamá.
El Canal opera a máxima capacidad, pero tiene un techo. Allí entra PTP: permite que los VLCC descarguen en un extremo, bombeen el crudo y lo recarguen en el otro. Su capacidad de 860,000 barriles diarios es insuficiente. Expandir el oleoducto a 2.5 millones de b/d —inversión de 300 a 400 millones de dólares— permitiría manejar el crudo estadounidense con destino a Asia y generar ingresos extraordinarios.
En paralelo, la ACP avanza con un gasoducto de 76 kilómetros para transportar GLP, con capacidad de 2.5 millones de b/d. No utiliza agua ni tiene limitación de calado y ofrece tiempo garantizado.
¿Ruta del Canal o ruta de occidente?
La pregunta estratégica es: ¿el gasoducto debe construirse en la ruta de la ACP (75 km, altura máxima 200 m) o en la ruta de occidente, aprovechando la servidumbre de PTP (131 km, altura máxima 1,200 m)?
Quienes defienden la ruta ACP señalan menor longitud y topografía más favorable. Pero quienes defienden la ruta occidente plantean argumentos igualmente válidos: La ruta PTP ya tiene servidumbre desde 1982 y evitaría abrir una nueva trocha en la región metropolitana. Además, la terminal de Charco Azul tiene profundidad excepcional que permite atracar VLCC sin dragar. El gasoducto Chiriquí-Bocas llevaría desarrollo a una región históricamente marginada. Construir el gasoducto en la región metropolitana crearía un riesgo de contaminación y seguridad.
Panamá está a tiempo de no repetir los errores de los 90. En lugar de una privatización que entregue el control a un tercero, la mejor opción es negociar con el socio que ya conoce la operación. NIC Holding Corp. posee experiencia técnica, relaciones comerciales con petroleras y know-how que el estado no tiene. El Estado retendría el control accionario, pero aseguraría la continuidad operativa.
Conclusión
La crisis del estrecho de Ormuz no durará para siempre, pero el mundo no volverá a ser el mismo. Panamá tiene una ventana única para posicionarse como la ruta energética resiliente del hemisferio. La infraestructura existe, el control nacional está en camino, los inversionistas están listos y la coyuntura es favorable.
El autor es práctico del Canal.
