La dificultad que atraviesan los cuatro programas de la Caja de Seguro Social (CSS), en particular los de Enfermedad y Maternidad e Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), estos últimos objeto del diálogo convocado por el presidente de la República, es el resultado de la “vagabundería” de políticos, empresarios y de la “burocracia sindical”. Desde la década de los 80, se han coaligado en una especie de empresa criminal para desfalcar, una y otra vez, las arcas de la institución de seguridad social.
El desvío de los fondos de la CSS se remonta a 1982, cuando los medios divulgaron la pérdida de 100 millones de balboas de un programa de vivienda nunca construido durante la administración del doctor Abraham Saied. El general Rubén Darío Paredes intentó encubrir este hecho, pero el daño material y moral denunciado por la prensa fue devastador.
Otro hito en los atracos a la CSS se produjo durante el gobierno de Martín Torrijos, quien promovió la Ley 51, “Orgánica de la Caja de Seguro Social” en 2005, creando el denominado “Sistema Mixto de Pensiones” o de Cuentas Individuales. Esto dio paso al clientelismo político en la institución y al desgreño financiero que ha llevado a la Caja al borde del colapso.
El profesor Felipe Argote, en su libro Cómo Solucionar la Crisis del Seguro Social Ya. Sin Paramétricas (2024), describe con lujo de detalles la mezquindad cometida por la plutocracia corrupta y clientelar contra la generación que recuperó la soberanía en el territorio istmeño y el Canal. Son “adultos mayores que hoy reciben como recompensa el maltrato de una sociedad mezquina y malagradecida”, y pensiones que apenas alcanzan “para no sentir hambre o para no padecer dolor”.
En 2021, en medio del confinamiento total por la pandemia de la COVID-19, la Junta Técnica Actuarial presentó al Órgano Ejecutivo y a la Junta Directiva de la CSS un informe actuarial cuyo costo fue de B/.100,000.00, y que no fue auditado por la Contraloría General de la República. Estos hechos constituyen las primeras “vagabunderías” en un largo rosario de inconsistencias financieras en el informe.
Algunos de los exabruptos mencionados en el informe incluyen: “111 cotizantes en el Sistema Solidario con más de 612 cuotas pagadas”, lo que implica haber contribuido durante 51 años sin haberse jubilado. Peor aún, “hay cotizantes que, según los actuarios, tienen más de 120 años y no se han jubilado”. El informe también indica que “4,840 cotizantes tenían menos de 27 años en 2019″, lo que implicaría que se inscribieron en el Seguro Social a los 12 años de edad.
Tras esta serie de incoherencias en la data y en los estados financieros no validados por la Contraloría, la clase empresarial dominante utiliza el informe de la Junta Técnica Actuarial como fundamento para proponer ajustes paramétricos, tales como aumentar la cuota obrero-patronal hasta un 18.5%, elevar la edad de jubilación a 67 años, y reducir los pagos a los jubilados hasta en un 20%.
En resumen, este modelo, terriblemente injusto e inviable, nos lleva a proponer un modelo solidario y humano. Además, planteamos que se destine el 50% de las utilidades del Canal de Panamá, unos $1,394.5 millones anuales, para solventar la crisis de la CSS. Este aporte, calculado con base en los B/.2,789 millones que debe transferir la ACP al gobierno nacional en la vigencia fiscal 2024-2025, es una solución sencilla y justa.
El autor es abogado y analista político.
