En recursos humanos de las empresas del Hub de las Américas, el diagnóstico se repite: hay suficientes hojas de vida, pero no suficiente talento. Candidatos con títulos universitarios que no redactan un correo de negocios, no interpretan una hoja de cálculo ni extraen una conclusión de un informe que ellos mismos prepararon. El papel dice que están calificados; la realidad dice otra cosa.
Los datos respaldan la percepción: el 65% de los empleadores reportan dificultad para encontrar el talento que necesitan (Manpower Group, 2024), y el 83% de los empresarios señalan la carencia de competencias reales, no la escasez de candidatos (Cámara de Comercio).
Los números que no mienten
El Índice de Capital Humano del Banco Mundial (HCI+ 2026) le asigna a Panamá 0.54 sobre 1.0: cada joven que entra al mercado laboral alcanzaría apenas el 54% de su potencial productivo si nada cambia. Costa Rica: 0.63; Chile, 0.67; OCDE, 0.76; Singapur, 0.90. El HCI mide efectividad —no cuántos años se asiste a la escuela, sino cuánto se aprende—, y en Panamá la brecha es de 5.2 años perdidos: el sistema promete 11.7 años de escolaridad y entrega 6.5 de aprendizaje real.
PISA 2022 lo confirma: puesto 74 de 81 países. Solo el 16% de los estudiantes panameños alcanza las competencias mínimas en matemáticas (14% en pública, 42% en privada), frente al 69% de la OCDE y al 28% de Costa Rica (23% pública, 63% privada). En 13 años de PISA (2009-2022), el puntaje pasó de 360 a 357. Prácticamente sin avances, con un presupuesto que se triplicó. El problema no es el dinero ni la falta de ganas de los jóvenes. Estas diferencias explican, en buena medida, por qué la productividad media de la OCDE es más de tres veces superior.
El daño que los índices aún no miden
Lo que el HCI y PISA aún no capturan es el deterioro del último ciclo. Entre 2020 y 2025, Panamá acumuló 490 días de clases presenciales perdidas por pandemia, huelga docente (2022), protestas mineras (2023) y protestas por la reforma a la CSS (2025). Según “Un sexenio perdido” (JUxlaE / Fudespa, 2025), esos 490 días equivalen a más del 40% del tiempo lectivo de la secundaria y afectaron a más de 800 mil estudiantes del sector oficial. Más de 100 mil jóvenes se graduaron de bachiller en 2025 con 2.5 años de ausencia presencial acumulada en promedio. Un rezago sin precedentes en Panamá y en América Latina.
Sin embargo, el daño no fue uniforme: según Unicef, solo el 46% de las familias con ingresos menores a $400 mensuales (excluyendo comarcas) accedió a educación virtual durante la pandemia. Los 6.5 años de escolaridad efectiva se presionarán a la baja cuando se actualicen los indicadores. Panamá decidió no participar en PISA 2025 y difirió su medición hasta 2029. Lo ya consumado sigue invisible en los índices, no en las capacidades.
La paradoja del presupuesto
En 2024, el presupuesto del Meduca alcanzó $4,864 millones, el mayor de la historia, con ejecución de inversión del 39.7%. La relación infraestructura/formación docente fue de 43:1: por cada dólar destinado a capacitación docente, $43 se destinaron a infraestructura.
Organismos como JUxlaE, Fudespa, Cospae y Enseña por Panamá llevan años documentando esta crisis con rigor, y sus diagnósticos son correctos. El problema no es la falta de análisis, sino la ausencia de respuesta institucional, capacidad de ejecución y sensibilidad social de ciertos líderes gremiales que obvian el impacto de sus protestas sobre el futuro de la juventud. Más informes sin acción: más días perdidos.
Panamá tiene un PIB per cápita superior al de todos sus vecinos centroamericanos y, a la vez, un HCI de 0.54, igual al de países con la mitad de su ingreso. Esa brecha no es accidente: es el costo de décadas de invertir en la forma de la educación sin apostar por su sustancia.
Lo que propone el Pilar 4
El Plan País sugerido en artículos anteriores no propone más diagnósticos, sino una arquitectura institucional que convierta el conocimiento en acción sostenida. El sector privado, a través del CADES-Panamá, podría contribuir en varios ejes:
• Reforma curricular con eje STEM, inglés y competencias digitales, con participación vinculante del sector privado y compromisos medibles de empleabilidad.
• Meta nacional del 28% de graduados universitarios en STEM en cinco años (promedio OCDE), con becas diferenciadas, laboratorios en la UTP y la UP, y pasantías bien remuneradas en ingeniería y tecnología.
• Derogar la restricción de ciudadanía para el cargo docente mediante un “Permiso Docente Especial por Escasez Calificada” en especialidades con déficit crítico: inglés, matemáticas, tecnología, ciencias y médicos especialistas. La ministra dice que hay que dejar de enseñar inglés con “repeat after me”; el Decreto 56/2025 exige como primer requisito docente “ser ciudadano panameño”. Singapur y Harvard no serían lo que son con esa limitación.
• Modelo dual empresa-escuela al estilo del SENA colombiano, con contrato de aprendizaje e incentivos fiscales redirigidos hacia áreas realmente prioritarias.
• Evaluaciones nacionales anuales con resultados públicos por escuela, siguiendo a República Dominicana, único país de América Latina que mejoró en las tres áreas de PISA entre 2018 y 2022.
• Reorientar el presupuesto: al menos el 5% de la inversión anual del Meduca —unos $100 millones— a formación docente.
• Créditos fiscales directos por inversión empresarial en capacitación certificada.
• La empresa privada debería ser mucho más proactiva en la formación continua de sus trabajadores y colaborar con la de sus hijos, como principal responsabilidad social.
• Zonas de innovación educativa en el interior, aprovechando capacidades tecnológicas existentes para capacitación remota.
• Portabilidad de certificaciones internacionales (AWS, Cisco, Six Sigma, ISO 9001) como créditos universitarios o de posgrado.
El país ya sabe cómo hacerlo
Senacyt, ITSE e Inadeh demuestran que el problema no es de capacidad nacional, sino de escala y continuidad. Senacyt: más de 4,200 becas STEM en 33 años, y Panamá entre los siete países elegidos por EE. UU. para la cadena global de semiconductores. ITSE pasó de 154 estudiantes en 2019 a más de 2,400 en 2024, con alianzas con la ACP y Copa Airlines. INADEH Dual alcanzó 100% de inserción laboral en su primera promoción.
Singapur (1965), Estonia (1991) y República Dominicana (2014) partieron de sistemas ineficientes y aplicaron la misma fórmula: docentes de calidad, evaluación con consecuencias, currículo alineado al mercado, compromiso de la comunidad educativa y política que trascienda los ciclos electorales. Costa Rica la aplicó en STEM y hoy compite por inversión extranjera con Europa.
Panamá tiene recursos, diagnóstico y casos de éxito propios. Lo que falta es la arquitectura institucional que convierta ese conocimiento en acción sostenida. Un Consejo Asesor para el Desarrollo Económico y Social —Cades Panamá— del sector privado, articulado con un Observatorio Nacional de Capital Humano operado junto al Meduca, con academia y sociedad civil, y con mandato legal para publicar un informe anual del Estado del Capital Humano Panameño —basado en un Plan de Desarrollo Educativo de largo plazo, con indicadores verificables y rendición de cuentas pública—, puede ser esa arquitectura.
490 días perdidos. Una generación que se gradúa con 2.5 años de ausencia. Un HCI de 0.54 que aún no refleja el daño más reciente. Y casi $5 mil millones en paredes en vez de aprendizaje. La apuesta diferida se paga en desarrollo, bienestar social, competitividad e inversión que no llegan, en salarios que no suben y, sobre todo, en una juventud que espera respuestas efectivas, no más diagnósticos.
El autor es economista con maestría en Blockchain & Fintech.
