Usted nunca verá el CPG en su recibo de luz. No es un cargo que pague el ciudadano común. Y, sin embargo, está presente en casi todo lo que compra: en la libra de arroz, en la cuenta del hospital, en lo que cuesta llenar el carrito del supermercado. Es un costo silencioso que viaja escondido en la cadena y termina, siempre, en el bolsillo de la gente.
El CPG es, en palabras sencillas, lo que pagan las grandes empresas para asegurarse la electricidad que mueve su operación. Lo pagan solo los llamados “grandes clientes”: hospitales, supermercados, cementeras, industrias agrícolas, centros comerciales y cadenas logísticas. Son ellos quienes producen, refrigeran, mueven y transportan buena parte de lo que consumimos cada día. Cuando ese cargo sube, el costo no desaparece: se reparte, poco a poco, entre todos los productos y servicios que llegan hasta usted. El ciudadano no paga ese cargo directamente, pero termina asumiéndolo, diluido en cada compra.
Y no ha parado de subir. En 2019 rondaba los 8.96 balboas por kilovatio al mes; en 2020 pasó a 11.25; en 2021, a 12.50; y en 2022 llegó a 13.93. Hoy, debido a una demanda que aún se ventila en la Corte, coexisten dos valores, según la distribuidora: 13.93 para unos clientes y 12.00 para otros. La propuesta que la ASEP mantiene en consulta pública busca unificarlos y elevarlos a 16.00. Cada aumento de esa cifra representa un nuevo impulso al costo de la vida: no lo sentirá en su factura de luz, sino en la fila de la caja, en la farmacia y en el hospital.
Trabajo como consultor de grandes clientes y ayudo a estas empresas a buscar ahorros cuando negocian sus contratos de electricidad a largo plazo. También participo en un gremio que reúne a estos consumidores, y puedo decir que el CPG es, año tras año, uno de los temas que más se repite y menos se entiende. Una de esas agrupaciones ya alzó la voz públicamente para advertir sobre el impacto de esta alza. La preocupación es tan real que insistí a las empresas en la importancia de participar en la consulta pública, cuyo plazo venció el pasado 6 de agosto.
Porque, cuando un supermercado paga más por su electricidad, ese sobrecosto termina reflejándose en el precio de los alimentos; cuando una empresa de transporte encarece su operación, encarece todo lo que mueve. El CPG es, en la práctica, un multiplicador silencioso del costo de la vida.
El problema de fondo, además del monto, es que casi nadie entiende cómo se calcula. Resulta confuso incluso para quienes trabajamos de cerca con él, y un cargo que encarece la vida de todos no debería ser un enigma para casi todos. Hay algo más: este mismo cargo está haciendo cada vez menos atractivo ser “gran cliente”. No es una suposición. Para comprar su electricidad bajo esa modalidad, una empresa necesita instalar un medidor especial (el llamado SMEC). La instalación de esos medidores lleva tiempo estancada, señal de que el mercado dejó de crecer. Ese mercado se creó para premiar la eficiencia mediante el ahorro; cuando el ahorro se esfuma, muchas empresas terminan regresando a la tarifa común, la misma que paga cualquier hogar. Y cada empresa que regresa añade más presión al sistema que financiamos entre todos.
Por eso hace falta una conversación amplia y honesta entre las empresas, el sector eléctrico y la ASEP. Cuando pido transparencia en el cálculo no es un capricho técnico: las empresas necesitamos costos claros para planificar, prevenir y fijar precios con responsabilidad. Una empresa que entiende cómo sube y cómo baja este cargo puede anticiparse y buscar soluciones, en lugar de reaccionar a ciegas; y una empresa que planifica mejor traslada menos sobresaltos al precio final. Esa previsión, al final, protege el bolsillo de quien compra.
La transparencia, aquí, no es un tecnicismo: es lo que separa un precio justo de un sobreprecio sin explicación. Aunque la consulta pública ya cerró, el debate no debería cerrarse con ella. Invito a las empresas, a los gremios y a la ciudadanía a no soltar este tema mientras se toma una decisión, y a la ASEP a explicar este cargo en un lenguaje claro, como parte de su deber de servicio. Porque entender cómo se forma el precio de la electricidad no es asunto exclusivo de especialistas: es defender lo que cabe, cada mes, en el bolsillo del ciudadano de a pie.
El autor es especialista en el sector eléctrico.
