En el comunicado leído por la copresidenta de la República de Nicaragua, Rosario Murillo, el lunes 31 de marzo de 2025, se hacen señalamientos que revelan la intención del gobierno de ese país de obtener un beneficio diplomático con implicaciones económicas y geopolíticas para la región.
El gran premio que persigue la administración Ortega-Murillo es la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), vacante desde noviembre de 2023, cuando el nicaragüense Werner Vargas renunció al cargo.
Según la rotación establecida entre los países miembros, la Secretaría General del SICA para el período 2022-2026 corresponde a Nicaragua, pero los candidatos presentados por el gobierno de Ortega han sido rechazados por una ajustada mayoría de los Estados que integran el organismo. Si Panamá cambia su voto, un representante del régimen Ortega-Murillo asumiría el control del SICA, lo que podría acercar la organización a potencias extrarregionales con intereses controvertidos.
El chantaje
La maniobra diplomática de Murillo ha puesto un precio explícito al asilo territorial del expresidente Ricardo Martinelli. Esta táctica es habitual en negociaciones con países como Cuba, Venezuela y la propia Nicaragua, un “¿qué hay pa’ mí?” en el ámbito internacional. La emboscada no está dirigida contra el exmandatario Martinelli, como sugiere el comunicado, sino contra el presidente José Raúl Mulino.
Ante este escenario, Panamá tiene tres opciones:
Extender el salvoconducto hasta el viernes 4 de abril de 2025 para ganar tiempo en las negociaciones diplomáticas y obtener un resultado menos perjudicial para el país.
Dejar vencer el plazo del salvoconducto, lo que obligaría a Martinelli a permanecer en la embajada de Nicaragua indefinidamente.
Romper relaciones diplomáticas con Nicaragua, obligando a ese país a retirar a sus diplomáticos y a su asilado, sin costo político ni económico para Panamá.
Respecto al argumento de que una supuesta alerta roja de Interpol impediría que Nicaragua reciba a Martinelli, cabe señalar que ese país ha concedido y mantiene asilo al expresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), quien desde 2021 tiene una alerta roja de Interpol. Esto no ha impedido que se beneficie de la protección del régimen Ortega-Murillo.
