Hay una pregunta que pocas veces se plantea en los debates políticos de América Latina, y menos aún en Panamá: ¿para quién está diseñada la Constitución?
La respuesta honesta, si miramos cómo funcionan nuestras instituciones, es incómoda: está diseñada para quien gana el poder, no para quien lo delega. El ciudadano aparece en el preámbulo, en los discursos de toma de posesión y en los afiches de campaña. Pero, en el funcionamiento real del Estado, queda fuera.
Eso tiene un nombre en la literatura política: hiperpresidencialismo. Un presidente que concentra, que nombra, que remueve, que blinda. Un Poder Judicial que depende de quien lo designó. Un Ministerio Público que mira de reojo hacia el Ejecutivo. Una Asamblea que —cuando le conviene— le hace la vista gorda al presidente y, cuando no, lo chantajea. Y una Corte Suprema que, a su turno, juzga a los diputados. Todos se deben favores. Nadie responde ante el ciudadano.
Este no es un problema de personas. Es un problema de diseño.
Y los problemas de diseño tienen solución.
La primera es separar de verdad lo que hoy está mezclado. No basta con que la Constitución diga que los poderes son independientes: hay que establecer prohibiciones expresas que cierren las puertas por donde entra la captura institucional. Si el fiscal no puede ser removido por el presidente —aunque sea indirectamente—, no puede ser su empleado. Si los magistrados no pueden ser juzgados por la Asamblea, dejan de deberle favores.
La segunda es terminar con el efecto de arrastre electoral. Hoy, cuando un presidente gana con fuerza, arrastra una mayoría legislativa que lo acompaña durante cinco años sin chistar. Un bicameralismo bien diseñado, que mejore la representación y fortalezca la existencia de partidos reales, con una cámara que se renueve a mitad del mandato presidencial, cambia esa ecuación: el ciudadano tiene la posibilidad de corregir el rumbo sin esperar al final del período. Eso es democracia real, no una democracia de cinco en cinco años.
La tercera es que los jueces no dependan de a quién le deben el puesto. Mandatos largos, escalonados y seleccionados por mérito, no por cuotas políticas. Un juez que sabe que su cargo no depende del gobierno de turno puede decirle que no al gobierno de turno. Eso es independencia judicial. Sin ella, los derechos son papel.
La cuarta es darle dientes a los órganos de control. La Contraloría, el Ministerio Público y la Defensoría deben tener autonomía real, presupuesto propio y mandatos que no coincidan con el ciclo presidencial. Cuando todos cambian al mismo tiempo que el presidente, el control es una ficción.
Y la quinta —quizás la más importante— es crear una Corte Constitucional independiente, separada de la Corte Suprema, con una sola misión: proteger los derechos fundamentales y poner límites al poder. Una corte que no le deba nada a nadie porque fue elegida con criterios técnicos, transparencia y la ciudadanía observando el proceso.
Ninguna de estas propuestas es radical. Son el estándar de las democracias que funcionan. Lo radical, en realidad, es seguir tolerando un sistema en el que el ciudadano financia el Estado, elige a sus gobernantes y luego queda excluido de los mecanismos que deberían protegerlo.
La Constitución debería ser el contrato entre el Estado y el ciudadano. Hoy, en demasiados países de la región, es el manual de operaciones de quien manda.
Es hora de reescribirla.
El autor es director de la Fundación Libertad.
